La Procuraduría General de la Nación ha hecho pública la conclusión de un extenso período de seis meses de rigurosas investigaciones, culminando en la destitución y prohibición de ejercicio profesional a 191 funcionarios vinculados con instituciones educativas públicas. Este grupo, involucrado en lamentables actos de violencia sexual contra estudiantes, pone de manifiesto una problemática que aún requiere atención y medidas drásticas.
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Margarita Cabello, al frente de la Procuraduría, destacó la gravedad de la situación al anunciar que, paralelamente, se están tramitando cerca de 237 procesos disciplinarios adicionales contra individuos acusados de conductas similares. La Procuraduría ha evidenciado un patrón alarmante en estos casos, señalando especialmente a aquellos perpetrados por personal docente que aún se encontraba en ejercicio de sus funciones, afectando principalmente a menores de 14 años.
La reacción de la entidad no se ha limitado a las sanciones. Se ha emitido una llamada a la acción para incrementar la vigilancia y asegurar la implementación efectiva de los protocolos de protección para las víctimas, una medida esencial ante la constatada omisión frecuente de estas prácticas de seguridad.
Producto de exhaustivas visitas a 181 escuelas, la Procuraduría ha compilado 40 informes detallados para uso disciplinario. Estos documentos arrojan luz sobre un panorama aún más amplio de violencia en el contexto escolar, incluyendo 698 casos de acoso escolar, además de 171 incidentes de ciberacoso y 179 casos de violencia sexual. La magnitud de estos números refleja la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección y prevención dentro del sistema educativo.
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