La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras destinadas a la reconstrucción de Mocóa, capital del Putumayo. Estas obras cuentan con una inversión que supera los $185 mil millones, provenientes del sistema general de regalías. Los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Eduardo José González, se encuentran entre los principales investigados.
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Además de López y González, otros funcionarios clave también están bajo la lupa de las autoridades. Entre ellos se encuentran Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, y Luis Alexander Mejía junto con Rosa Edilma Agreda, de la dirección de Corpoamazonía. Los representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras, Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, también están siendo investigados.
El Ministerio Público ha seguido de cerca el desarrollo de 18 contratos que forman parte del Plan de Acción Específico presentado por la alcaldía de Mocóa en respuesta a un decreto de calamidad pública expedido en 2021. Esta medida tenía como objetivo acelerar las obras de mitigación del riesgo para prevenir futuras tragedias en la región. No obstante, se han identificado varios problemas en la fase de ejecución, incluyendo presuntos retrasos y deficiencias en la contratación de personal para supervisar las obras.
Durante la fase de preinversión, se detectaron fallas en los estudios, diseños y presupuestos en al menos cuatro de las 18 obras. La etapa de ejecución no estuvo exenta de problemas, ya que se encontraron posibles irregularidades técnicas que podrían haber comprometido la infraestructura preexistente. Además, algunas construcciones se realizaron en áreas ambientales sin los permisos necesarios, y ciertos trámites ambientales se completaron fuera del tiempo estipulado.
Una de las irregularidades más notables involucra la destinación de recursos para 86 actividades que no guardan relación directa con los proyectos de construcción. Estas incluyen un viaje de ocho días a San Andrés y Providencia para seguimiento de actividades relacionadas con la emergencia causada por el huracán Iota y una asesoría en temas ambientales que, supuestamente, guarda relación con la reconstrucción de Mocóa.
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría ha solicitado diversas pruebas. Entre ellas, copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD y los dos contratos vinculados al viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales. Estos documentos deben incluir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los soportes de ejecución correspondientes. Además, se requiere una certificación actualizada sobre el avance real de las distintas obras contratadas para mitigar riesgos en Mocóa.
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