El exfuncionario habría aprovechado su posición en el despacho judicial para facilitar el cobro indebido de 82 títulos valores, en Sibaté los cuales estaban relacionados con al menos ocho procesos civiles en curso, en los que figuraban como partes tanto personas naturales como jurídicas.
De acuerdo con las indagaciones, el titular del juzgado habría delegado en el exfuncionario la responsabilidad de expedir comunicaciones dirigidas a diferentes entidades financieras, mediante las cuales se solicitaba el pago de los valores comprometidos en dichos procesos. Sin embargo, el ahora procesado presuntamente utilizó esa facultad para autorizar a un tercero no vinculado formalmente al juzgado a efectuar los cobros en una entidad bancaria.
Pruebas en contra del exfuncionario
Las pruebas recolectadas dan cuenta de que, entre el 7 de julio y el 8 de octubre de 2021, el tercero habría retirado 62 millones de pesos, recursos que posteriormente habrían sido transferidos a Cipagauta Bernal a través de múltiples transacciones electrónicas. Se estima que el exfuncionario recibió directamente 59 millones de pesos, mientras que el restante habría sido entregado al colaborador como compensación por ejecutar las diligencias bancarias.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia por la Fiscalía Seccional Cundinamarca, que presentó el caso ante un juez de control de garantías. En audiencia pública, un fiscal delegado ante el tribunal de esa jurisdicción le imputó a CB los delitos de hurto agravado en masa y falsedad ideológica en documento público.
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Durante el desarrollo de la diligencia judicial, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía de manera libre y voluntaria. En atención a lo anterior, y tras analizar los elementos presentados por la parte acusadora, el juez determinó imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad al exfuncionario que deberá cumplirse en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso en su contra.
Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente los hechos, determinar si existen más personas involucradas y establecer el posible impacto de la conducta investigada sobre los recursos judiciales y los procesos civiles comprometidos.
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La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la lucha contra cualquier manifestación de corrupción en el ámbito judicial, y aseguró que continuará adelantando las investigaciones necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración pública.
