En Cucunubá, Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación ejecutó una decisión administrativa que afecta al servicio público educativo, al imponer destitución e inhabilidad general por 15 años a un docente. Las investigaciones concluyeron que el profesor José Leonardo Monroy García incurrió en reiterados comportamientos sexuales inapropiados con una menor que cursaba el grado octavo en la Institución Educativa Rural Departamental Laguna.
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Durante el proceso, el ente de control recopiló evidencia de hechos que se extendieron hasta el 2 de agosto de 2023. Entre los elementos probatorios se destacan encuentros realizados fuera del ámbito escolar, donde se evidenció la conducta indebida al involucrar a la menor en situaciones de afecto inapropiado.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca, el profesor ejerció repetidamente comportamientos que constituyen delitos sexuales en contra de una estudiante en estado de vulnerabilidad. La autoridad remarcó que la situación se agrava al tratarse de una relación en la que el docente aprovechó su posición jerárquica y el poder inherente a su cargo.
El proceso de sanción también hizo mención a denuncias previas realizadas por otros padres de familia, ofreciendo un contexto en el cual el historial del profesor fue tenido en cuenta. La revisión detallada de los hechos permitió a la Procuraduría enfatizar la reincidencia en conductas impropias.
El organismo de control argumentó que la conducta repetida vulneró no solo la normativa legal, sino también la ética del servicio público educativo. Se identificó que la acción cometida iba más allá de un error aislado, evidenciando un patrón que comprometía principios de legalidad y moralidad.
La decisión de imponer una sanción tan severa respondió a la necesidad de establecer límites claros en el sector educativo, garantizando entornos seguros para los estudiantes. De este modo, las autoridades buscan prevenir la recurrencia de estas conductas.
Por otro lado, la medida adoptada genera un precedente en cuanto al manejo de casos que involucren abuso de poder en instituciones educativas. La actuación basada en evidencia se alinea a las políticas de protección y bienestar estudiantil.
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