Un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió ubicar un espacio destinado al almacenamiento de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de cocaína en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. El procedimiento de allanamiento se centró en una bodega donde se encontraron grandes cantidades de químicos y equipos asociados a la fabricación a gran escala del alcaloide.
Durante la intervención, las autoridades incautaron cerca de 25 toneladas de materiales precursores. Entre los elementos encontrados figuraron 213 canecas, tanto plásticas como metálicas, cargadas con líquidos, así como 42 sacos de polvo negro. Junto a estos insumos, se hallaron también cinco hornos microondas, un celular, un tractocamión y un furgón de transporte.
Según la Fiscalía, el valor estimado de todos los elementos recuperados supera los 2.600 millones de pesos. El hallazgo se dio como resultado de una investigación que reveló que el inmueble funcionaba como centro de acopio y punto de coordinación para el traslado de estos productos hacia el suroccidente del país, especialmente hacia el municipio de El Tambo, Cauca.
Los análisis realizados evidenciaron que desde esta bodega se planificaban actividades logísticas clave para abastecer zonas de producción de estupefacientes en la región. La movilización de los precursores se hacía principalmente por vía terrestre, con rutas identificadas hacia departamentos críticos en la cadena de producción.
En el lugar fue capturado un hombre identificado como César Augusto Cuaspud Castaño, señalado de organizar los envíos de los insumos químicos. Posteriormente, la Fiscalía Seccional Cundinamarca lo presentó ante un juez penal de control de garantías.
El procesado fue imputado por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Sin embargo, durante la audiencia, Cuaspud Castaño se declaró inocente ante la autoridad judicial.
El juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo cual permanecerá en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.
Por decisión del juez, el decomiso de las sustancias y materiales encontrados fue legalizado y se ordenó la destrucción de los mismos. Las investigaciones continúan para establecer posibles conexidades y nuevas rutas relacionadas con la actividad desmontada.
