Ante la profunda crisis financiera que atraviesa el sistema de salud nacional, el departamento de Cundinamarca ha tomado una decisión drástica y valiente: una inversión histórica de más de 330 mil millones de pesos para blindar y modernizar sus hospitales públicos. El objetivo primordial es evitar el cierre de servicios esenciales y garantizar que los ciudadanos no pierdan el acceso a una atención digna y oportuna, independientemente de las deudas que las EPS mantienen con las instituciones prestadoras.
Esta estrategia de intervención directa, financiada con recursos propios del departamento, busca no solo el sostenimiento operativo, sino una transformación estructural de la infraestructura médica. Los fondos se destinarán a la renovación de espacios físicos, la ampliación de áreas de atención y la adquisición de equipos médicos de última generación.
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Modernización de infraestructura y ampliación de la oferta especializada
Con esto se pretende agilizar los diagnósticos y aumentar la seguridad en tratamientos de áreas críticas como urgencias, laboratorio clínico y hospitalización. Un ejemplo emblemático de este esfuerzo es el proyecto del Hospital San Rafael de Fusagasugá, que figura como una de las piezas clave en esta renovación.
El plan también contempla un robusto esquema de apoyo financiero para que los hospitales puedan cubrir sus gastos operativos diarios, mitigando el impacto de la crisis de liquidez del sector. Al fortalecer la capacidad instalada de la red pública, la Gobernación busca ampliar la oferta de servicios especializados en los municipios. Esto permitirá que los pacientes reciban tratamientos complejos cerca de sus hogares, reduciendo la necesidad de traslados costosos y peligrosos hacia otras ciudades, lo que a su vez ayudará a descongestionar los hospitales de mayor complejidad en la región.
La salud pública como pilar central de justicia social
La administración departamental ha reiterado que la salud pública está en el centro de su agenda política. Proteger la red hospitalaria no es solo una cuestión de infraestructura, sino una medida de justicia social para asegurar que los servicios médicos no se vean interrumpidos por vaivenes económicos. Con este respaldo financiero y técnico, Cundinamarca aspira a consolidar una red pública sólida y resiliente, capaz de responder con eficiencia a las necesidades de su población.
