La Gobernación de Cundinamarca, mediante la Secretaría del Agrocampesinado, ha dado inicio a un proyecto que plantea la introducción de biodigestores en granjas porcinas ubicadas en tres provincias del territorio. Este planteamiento busca fortalecer un modelo agropecuario basado en la sostenibilidad, la economía circular y la energía limpia, encaminado a transformar los sistemas productivos rurales.
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La inversión asignada a esta iniciativa asciende a $310 millones, lo cual permitirá beneficiar a productores ubicados en las provincias de Gualivá, Tequendama y Sumapaz, creando un escenario propicio para el uso del biogás como recurso energético limpio. El proyecto se enmarca dentro del compromiso por una transición energética justa, inclusiva y orientada al bienestar del agrocampesinado.
La implementación de biodigestores se considera un pilar fundamental para el aprovechamiento de residuos orgánicos, permitiendo su transformación en energía renovable y fertilizante natural. Este proceso se traduce en ventajas ambientales y productivas notables para las unidades rurales.
Entre los beneficios que se prevé obtener se encuentran:
• Reducción de los costos energéticos en las fincas.
• Disminución de la contaminación del agua y el suelo.
• Mejora en las condiciones sanitarias a través del control de olores y vectores.
• Producción de biofertilizantes que potencian la productividad agrícola.
Cada biodigestor está diseñado para optimizar el manejo de residuos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando el entorno ambiental de las fincas, lo que puede favorecer la autonomía energética en el sector agropecuario.
El Director de Cadenas y Sistemas Productivos de la Secretaría del Agrocampesinado, Wilfer Ortegón, destacó que la iniciativa se orienta a generar múltiples beneficios para las familias rurales, enfatizando el control de impactos ambientales asociados a la actividad agropecuaria.
El proyecto se integra en los lineamientos estratégicos para el fomento de una economía circular en el sector, lo que permite optimizar la utilización de recursos y mitigar problemas ambientales que afectan a las áreas rurales.
Asimismo, la propuesta fortalece el vínculo entre tecnología, producción responsable y desarrollo sostenible, elementos que se consideran esenciales para el progreso agropecuario en la región.
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