El Ministerio de Transporte ha encendido las alarmas máximas tras detectar una masiva omisión en el sector: solo el 10% de las empresas de transporte intermunicipal cumplieron con la entrega obligatoria y trimestral de información tarifaria en el último periodo de 2025.
De las 519 compañías habilitadas para operar en Colombia, apenas 52 presentaron sus reportes detallados de costos y tarifas, un incumplimiento generalizado que ha llevado a la Superintendencia de Transporte a iniciar investigaciones administrativas masivas para evitar cobros indebidos y abusivos a los usuarios.
La ministra María Fernanda Rojas advirtió que, en los pocos reportes recibidos, se han detectado presuntos incrementos tarifarios cercanos al 30%, una cifra que calificó de exorbitante y carente de justificación técnica clara en el contexto económico actual.
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La Queja Ciudadana Estalla: Habitantes de la Sabana Denuncian Alzas de $1.000 y Bloquean Vías
Esta opacidad regulatoria ha generado una profunda y tangible preocupación en la Sabana de Occidente, donde habitantes de municipios como Funza, Madrid y Mosquera salieron a denunciar alzas repentinas de hasta $1.000 en sus trayectos cotidianos hacia Bogotá.
Según los testimonios recogidos en terminales y paraderos, los precios actuales se han fijado arbitrariamente en $6.400 para Funza, $7.100 para Madrid y $9.500 para Facatativá.
Los ciudadanos argumentan con vehemencia que no existe una justificación técnica transparente, ya que variables clave como los precios de peajes y combustibles no han registrado aumentos en esa misma proporción desmedida.
Ante esta oleada de quejas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, instó públicamente a la Superintendencia a verificar la existencia de estudios técnicos que respalden estos aumentos y a aplicar sanciones ejemplares por posibles abusos en un servicio público esencial.
SuperTransporte Habilita Módulo Web para Control Ciudadano
El gobierno nacional ha recordado que, aunque el régimen para este servicio es de libertad tarifaria vigilada, cualquier ajuste debe ser transparente, técnicamente sustentado y socializado con los usuarios con antelación.
La tensión escaló entre el 12 y el 16 de enero, cuando se registraron protestas espontáneas y bloqueos parciales en varios corredores del departamento, reflejando la inconformidad ciudadana generalizada.
Para facilitar el control social y devolver algo de transparencia al sistema, la Superintendencia de Transporte habilitó con carácter urgente un módulo web público de consulta, donde los pasajeros pueden verificar las tarifas registradas oficialmente por cada empresa y reportar cualquier irregularidad o cobro excesivo.
Un escándalo que pone a prueba los mecanismos de regulación y vigilancia del Estado
Esta crisis pone en evidencia las fallas estructurales en la supervisión del transporte intermunicipal y la asimetría de información entre las empresas y los usuarios.
Las investigaciones de la Superintendencia no solo determinarán sanciones económicas; también evaluarán la posible revocatoria de permisos de operación para las compañías más reincidentes.
El desenlace de este caso sentará un precedente crucial sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas en un sector vital para la movilidad de millones de colombianos y para defender el bolsillo de los usuarios frente a posibles prácticas abusivas y colusivas en un mercado con poca competencia real en muchas rutas.
