En un desenlace que resuena en los corredores de la justicia colombiana, la juez 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Bogotá ha condenado a Carlos Gustavo Palacino Antia y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exlíderes de la extinta EPS Saludcoop. Los acusan de manipular documentos y estafar al sistema, lo que ha generado un llamado a la reflexión sobre la integridad en la administración de los recursos de salud.
El fallo, anunciado tras un proceso meticuloso que consideró más de tres mil pruebas, evidencia la complejidad del sistema de salud y la vulnerabilidad a la corrupción. Palacino, quien dirigió Saludcoop entre 1995 y 2011, y Sabogal, se vieron implicados en la creación de cheques anulados y retenidos destinados a proveedores sanitarios, una estrategia que les permitió desviar fondos públicos para abordar la falta de liquidez de la entidad.
La cantidad apropiada mediante este esquema alcanza los $14.000 millones, según la jueza, quien destacó la ausencia de autorización para efectuar dichas actividades financieras ante Fosyga, la entidad responsable de la asignación de recursos para la atención médica en Colombia antes de ser sustituida en 2017 por Adres.
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El juicio desveló prácticas como la retención indebida de cheques destinados a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que debían pagarse posteriormente o quedaban anulados. En un testimonio relevante, se observó el procedimiento llevado a cabo por Esteban Cobo SAS, la firma contratada para los recobros ante Fosyga. El testimonio evidenció no solo el sello de cancelado en las facturas, que supuestamente indicaba que los pagos a la IPS habían sido cumplidos, sino también la presencia de sellos duplicados.
Los detalles se han ido desgranando en el tribunal, revelando la complicidad y conocimiento de los exdirectivos sobre la situación financiera límite y la emisión continuada de cheques no entregados a las IPS, a pesar de figurar en las cuentas.
En un giro de los acontecimientos, la petición de la defensa para que Palacino y Sabogal cumplieran arresto domiciliario, basándose en su edad avanzada y lazos familiares en Colombia, fue puesta en la balanza. Sin embargo, la jueza indicó que, dada la gravedad de los delitos, no se concederían medidas alternativas a la prisión.
La captura de ambos condenados ha sido ordenada de forma inminente, y la sentencia, con su correspondiente pena, se espera sea anunciada el próximo 17 de enero de 2024. Este caso, aparte de su complejidad legal y financiera, destaca el escrutinio continuo que requieren las entidades de salud para preservar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos destinados a la sanidad pública.
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