*Cárcel para docente que habría agredido sexualmente una estudiante en Chía, Cundinamarca. Juez ordena enviarlo tras las rejas mientras el caso es plenamente definido por las instancias correspondientes.
Las acusaciones de la Fiscalía lograron justificación para que el acusado, un docente de un centro educativo en esa ciudad, fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario.
De acuerdo a los señalamientos, el imputado habría sometido a “tocamientos abusivos” a una menor de edad, hechos por los cuales el Juez de Control de Garantías tomó la decisión advertida.
Los hechos habrían sucedido hace un año; ese viernes 4 de octubre del 2024, el indiciado habría aprovechado que la jovencita ingresó a una bodega en donde, se presume, ocurrieron los lamentables hechos.
Cárcel para docente: lo acusan de haber agredido sexualmente a estudiante en Chía
De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el profesor habría sometido a vejámenes a una jovencita de 9 años mientras, parece, se aprestaba a cumplir con actividades deportivas.
En razón a los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jorge Enrique J. E., el educador señalado de haber incurrido en actividades tocamientos a la jovencita. Los hechos habrían ocurrido dentro de un colegio ubicado en la zona rural del municipio de esta ciudad.
La decisión judicial se produjo bajo los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Seccional Cundinamarca. El expediente contiene “evidencias y material probatorio que demostrarían la gravedad de los hechos y la presunta responsabilidad del procesado”.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron dentro de una institución educativa rural de Chía, donde el hoy procesado dictaba clases extracurriculares. Según la versión recopilada por las autoridades, el profesor habría ganado la confianza de la menor aprovechando su rol dentro del colegio para acercarse a ella.
El expediente señala que el hombre llevó a la niña hasta una bodega donde se almacenaban elementos deportivos del plantel educativo, y allí habría realizado tocamientos de índole sexual. El lugar, usualmente poco transitado, fue aprovechado por el agresor para intentar ocultar su comportamiento. Posteriormente, la menor habría relatado lo sucedido, lo cual permitió que se iniciara una investigación formal en su contra.
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Investigación de la Fiscalía
El caso fue asumido por un fiscal especializado del Caivas, unidad de la Fiscalía General de la Nación. Esta dependencia es la encargada de atender los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y otras víctimas vulnerables.
En desarrollo de la investigación, el ente acusador recopiló testimonios, informes psicológicos, pruebas periciales y evidencia técnica que respaldarían la versión de la víctima. Con base en ese material, se solicitó la orden de captura contra el docente.
A su vez, la Policía Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, logró la detención del acusado en el barrio Patio Bonito de Bogotá; allí permanecía luego de abandonar la zona donde ocurrieron los hechos.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado por el procesado. El juez, tras escuchar los argumentos de las partes, determinó la gravedad del caso. Consideró una posible reiteración delictiva y el riesgo que representaría para la sociedad, punto sobre el cual justificó la privación de la libertad en establecimiento carcelario.
El delito y sus implicaciones
Hechos de esta clase se encuentran tipificados en el Código Penal colombiano. Establece penas que pueden superar los 20 años de prisión cuando el autor es una persona encargada del cuidado, vigilancia o educación del menor.
En este caso, el hecho de que el procesado fuera docente constituye un factor de gravedad punitiva, al haberse aprovechado de su autoridad y del entorno de confianza que genera la figura del maestro.
Precisamente, en Colombia, toda agresión sexual contra menores de edad es imprescriptible. Este factor clave lo constituye la denuncia oportuna de las víctimas y sus familias.
Casos como el ocurrido en Chía no son aislados. En los últimos años, la Fiscalía y la Policía Nacional han adelantado múltiples investigaciones por delitos sexuales en instituciones educativas en distintos municipios de Cundinamarca y Bogotá.
En 2023, por ejemplo, un profesor en Zipaquirá fue capturado por hechos similares tras ser denunciado por una estudiante de secundaria. A su vez, en Fusagasugá, otro caso generó polémica luego de que un instructor deportivo fuera señalado de acosar a varias niñas durante entrenamientos extracurriculares.
De igual forma, en Bogotá se han reportado casos en colegios públicos y privados que han llevado a la expulsión de docentes, procesos disciplinarios y condenas penales. Estos casos reviven el debate sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional y la formación ética en el ámbito educativo.
Medidas de prevención y acompañamiento
Expertos en psicología infantil y pedagogía coinciden en que la prevención del abuso sexual en el contexto escolar requiere estrategias integrales que involucren a toda la comunidad educativa. Destacan la necesidad de que niños y niñas reciban orientación sobre el respeto por su cuerpo, identificación de conductas inapropiadas y la importancia de comunicar cualquier situación sospechosa.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que cuenta con canales confidenciales para la denuncia de hechos de esta clase. Igual, las autoridades demandan que las víctimas menores de edad reciben acompañamiento psicológico, jurídico y social a través del programa Caivas, presente en diferentes regiones del país.
Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece líneas de atención y protección para garantizar los derechos de los niños afectados por este tipo de delitos.
