La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció un endurecimiento de las medidas de compensación ambiental que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas que adelanten proyectos, obras o actividades con impacto sobre los recursos naturales renovables.
El ajuste fue oficializado mediante la Resolución 284 del 25 de julio de 2025 y busca garantizar la sostenibilidad en el territorio, en especial frente a los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad ambiental que enfrenta la jurisdicción CAR. Con este nuevo marco, se pretende que quienes desarrollen actividades que afecten ecosistemas asuman una mayor responsabilidad en la recuperación y conservación de los recursos.
Nuevos parámetros para compensaciones ambientales
De acuerdo con el director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, la resolución robustece las obligaciones de quienes tramiten licencias, permisos o concesiones de agua, entre otros trámites ambientales. También se aplicará a proyectos amparados bajo un plan de manejo ambiental, al aprovechamiento comercial de plantaciones forestales, la construcción de obras hidráulicas y a solicitudes de sustracción de áreas con fines productivos o de infraestructura.
Aunque la figura de la compensación ya existía en la normatividad anterior, las nuevas disposiciones amplían y fortalecen los compromisos, con el objetivo de que los impactos generados se vean compensados en mayor medida. “Si antes un industrial con concesión de un litro de agua por segundo debía plantar alrededor de 400 árboles, ahora deberá sembrar 25 veces más. De igual forma, quienes antes debían adquirir una hectárea de conservación, ahora tendrán que destinar 20”, precisó Ballesteros.
El director aclaró que el fortalecimiento de estas medidas no busca transferir recursos directamente a la CAR, sino promover la ejecución de acciones concretas en los territorios intervenidos. En ese sentido, los proyectos deberán orientar sus esfuerzos hacia la restauración ecológica, la recuperación de ecosistemas y la protección de microcuencas. “Es la única forma de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales en nuestra jurisdicción, más teniendo en cuenta los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad que tenemos en el territorio CAR”, puntualizó el funcionario.
Acciones contempladas en la resolución
La nueva normativa establece que cada plan de compensación deberá estar detallado y aprobado por la autoridad ambiental, y quedará incorporado dentro del acto administrativo que autorice la licencia, permiso o concesión. Esto significa que, desde el inicio del trámite, los solicitantes deberán contemplar la magnitud de las acciones que estarán obligados a ejecutar como parte del proceso.
Entre las medidas específicas que podrán exigirse se encuentran:
Actividades de restauración ecológica, rehabilitación de áreas degradadas y manejo de especies invasoras como el retamo espinoso.
Financiación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), con incentivos a la conservación que pueden ser de carácter público o privado.
Implementación de mecanismos de Bancos de Hábitat, que permiten la conservación de zonas estratégicas.
Adquisición de predios rurales a nombre de la CAR o de entes territoriales para destinarlos a la conservación.
Construcción y operación de obras hidráulicas, como reservorios u otras infraestructuras de manejo del recurso hídrico.
Ballesteros señaló que estas medidas implican un mayor compromiso de quienes adelanten proyectos en la jurisdicción. “Sabemos que quienes soliciten permisos, concesiones o licencias van a sentir la diferencia, porque a partir de julio de este año los requisitos serán más exigentes y pedir un permiso en el territorio de la CAR será más costoso que en otras partes del país. Sin embargo, el propósito es garantizar que todos contribuyamos a la sostenibilidad de los recursos hídricos y demás bienes naturales, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin oferta de servicios ambientales”, advirtió.
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Alcance de la medida
Con esta resolución, la CAR busca que el impacto de las actividades humanas en el territorio sea contrarrestado con acciones proporcionales y sostenibles, que permitan mantener la oferta de recursos naturales y garantizar beneficios tanto para las comunidades como para los ecosistemas.
La entidad también aclaró que los proyectos que ya cuentan con compensaciones impuestas, así como aquellos que se encuentran en etapa de evaluación bajo la normatividad anterior —la Resolución CAR 2971 de 2017—, continuarán regulados por los términos y condiciones allí establecidos. Esto significa que la nueva reglamentación no tendrá carácter retroactivo, pero sí regirá de manera estricta para todos los trámites iniciados después de su entrada en vigencia.
De esta manera, la CAR reafirma su rol como autoridad ambiental en Cundinamarca y los municipios de su jurisdicción, fortaleciendo la gestión frente a los retos del cambio climático y la presión creciente sobre los recursos naturales. Con la implementación de compensaciones más rigurosas, se espera que los proyectos productivos y de infraestructura incorporen una visión de responsabilidad ambiental más sólida y alineada con los principios de sostenibilidad.
