La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha frenado en seco una operación de explotación minera a cielo abierto que operaba de manera ilegal y sin ningún tipo de permiso ambiental en la vereda Mochila del municipio de Chocontá.
Durante un operativo de vigilancia y control técnico especializado en la cuenca alta del río Bogotá, expertos de la dirección regional Almeidas y Guatavita detectaron una intervención ambiental de graves proporciones que carecía por completo de planeamiento técnico-minero, estudio de impacto ambiental o licencia socio-ambiental.
La actividad se realizaba de manera desordenada, aleatoria y con maquinaria pesada, desafiando abiertamente las regulaciones vigentes y generando un daño ecosistémico de difícil reparación en un área de alta importancia hídrica.
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Impactos Ambientales Severos en una Zona de Alta Fragilidad
Camilo Poveda, director regional de la CAR, explicó con preocupación que el predio afectado se encuentra dentro de la zonificación de manejo y protección del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Bogotá, específicamente en áreas legalmente destinadas a la recuperación ambiental y al uso agrosilvopastoril de bajo impacto, donde cualquier actividad extractiva está terminantemente prohibida.
Los impactos ambientales identificados por los técnicos son severos y multidimensionales: se evidenció deforestación acelerada de bosque nativo, lo que implica la pérdida de hábitat y la migración forzada de fauna local; además, se constató la alteración directa de fuentes hídricas y del régimen de escorrentía por el arrastre de material particulado y sedimentos hacia las quebradas aledañas.
Al no contar con la infraestructura ambiental mínima requerida, como zanjas de coronación o sistemas de captación de sedimentos, el yacimiento expuesto ha inducido procesos acelerados de erosión hídrica y eólica que amenazan la estabilidad geotécnica del terreno circundante y aumentan el riesgo de deslizamientos, especialmente en temporada de lluvias.
Acción Legal Inmediata y Llamado a la Denuncia Ciudadana
Ante la flagrante ilegalidad de la actividad y la magnitud del daño constatado, la CAR, en uso de sus facultades policivas, ordenó la suspensión inmediata y total de todas las faenas mineras en el sitio.
Se inició un proceso sancionatorio ambiental en contra de los responsables, que podría conllevar multas cuantiosas y la obligación de presentar y ejecutar un plan de manejo ambiental para la rehabilitación del área degradada.
El funcionario hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se convierta en vigilante del territorio y denuncie este tipo de prácticas ilícitas que ponen en riesgo la biodiversidad, la regulación hídrica y la seguridad de las comunidades en Cundinamarca, utilizando para ello los canales oficiales de la corporación, incluido su canal de WhatsApp de denuncias ambientales.
Este operativo se enmarca en una ofensiva regional más amplia para proteger la cuenca del río Bogotá, en un contexto climático donde el año 2025 se posicionó como uno de los más cálidos registrados, aumentando la vulnerabilidad de estos ecosistemas estratégicos y haciendo aún más crítico su protección.
La Minería Ilegal: Un Problema que Trasciende lo Ambiental
La CAR recordó que la minería ilegal no es solo un delito ambiental; es una actividad que a menudo está vinculada a otros flagelos como la invasión de tierras, el trabajo informal en condiciones peligrosas y el detrimento de la salud pública por contaminación de suelos y aguas.
La corporación advirtió que continuará con los operativos sorpresa en toda su jurisdicción, haciendo uso de imágenes satelitales y sobrevuelos para detectar focos de intervención no autorizada.
El mensaje es claro: no habrá tolerancia con quienes, en aras de un beneficio económico privado e ilegítimo, sacrifiquen el patrimonio natural común y el futuro ambiental de la región, comprometiendo servicios ecosistémicos vitales como la provisión de agua para millones de colombianos.
