La CAR ha tomado medidas preventivas en respuesta a actividades extractivas en la vereda La Mina, en el municipio de Yacopí, Cundinamarca. Esta acción se implementó luego de constatar impactos negativos sobre el suelo, el agua y la flora, situación que motivó la intervención inmediata de las autoridades ambientales. La decisión se enmarca en los protocolos de protección de los recursos naturales, resultado del monitoreo realizado en la zona.
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Un equipo técnico de la oficina regional Rionegro de la CAR, apoyado por la Policía de Carabineros, coordinó la inspección en el predio. Durante la visita, se verificó que la explotación del yacimiento de esmeraldas se estaba efectuando sin contar con la licencia ambiental necesaria, lo cual contraviene la normativa vigente en materia de manejo y protección de ecosistemas. Entre los aspectos identificados, se señala la ausencia de medidas de contención en el manejo del material extraído, generando inquietud ante el riesgo de posibles deslizamientos del terreno.
La revisión técnica arrojó evidencias de múltiples afectaciones en los recursos naturales del área. En particular, se destacó lo siguiente:
• Impacto en el recurso suelo, debido al depósito inadecuado del material extraído.
• Riesgo potencial de deslizamientos en zonas evaluadas como críticas por el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA) del Río Carare.
• Pérdida en la integridad de la flora y modificaciones en el paisaje natural, consecuencia de la explotación.
Aunque la bocamina se encuentra delimitada en un polígono que se beneficia de un contrato de concesión vigente hasta el año 2036, la carencia de la licencia ambiental otorgada por la CAR ha convertido estas actividades en ilegales. Esta situación resalta la importancia de cumplir con todos los requisitos legales y ambientales para el aprovechamiento de los recursos minerales, en consonancia con la normativa de protección a la biodiversidad y los ecosistemas locales.
Entre los aspectos relevantes que se han visto comprometidos, se señala la proximidad de la zona de explotación a la quebrada, la cual constituye un recurso hídrico de suma importancia. La falta de una adecuada distancia de protección no cumple con las disposiciones establecidas para evitar la contaminación y degradación de la fuente de agua, situación que podría repercutir en la calidad ambiental de la región.
El director regional Rionegro de la CAR, Alejandro Fiquitiva Casallas, destacó que durante la acción se evidenciaron daños significativos a diversos recursos naturales. Además, se remarcó la importancia de recurrir a los instrumentos legales para gestionar de manera ordenada la explotación de recursos minerales, garantizando que se sigan los protocolos establecidos para la conservación ambiental.
El informe técnico elaborado por la CAR detalla otros impactos asociados a las actividades mineras informales, tales como:
• Cambios en el relieve del terreno.
• Impacto visual en el paisaje, alterando la dinámica natural de la zona.
• Posible modificación de la dinámica de los procesos de ladera.
Una vez concluida la evaluación del alcance y la magnitud de los daños ambientales, la CAR evaluará la oportunidad de imponer sanciones adicionales, que podrían incluir multas y otras restricciones, a fin de reforzar el cumplimiento de las normativas de protección ambiental. La entidad asegura que se seguirán fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en este y otros sectores de la jurisdicción.
Las autoridades reiteran la importancia de gestionar de manera formal cualquier actividad extractiva en la región, llamando a la comunidad y a los operadores productivos a procurar las autorizaciones correspondientes para el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Este llamado subraya el compromiso institucional con la prevención de impactos ambientales y la promoción de un desarrollo sustentable acorde con las normativas municipales y regionales.
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