Durante una operación de rutina en la cuenca media del río Bogotá, un equipo técnico y jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) detectó actividades que afectan la calidad del afluente. La inspección se llevó a cabo en la zona rural de Fontibón, donde dos establecimientos de lavado de vehículos fueron identificados vertiendo líquidos contaminantes, lo que motivó la suspensión inmediata de sus actividades.
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La investigación, ejecutada por profesionales de la CAR Bogotá-La Calera, reveló la existencia de una tubería de aproximadamente 4 pulgadas de diámetro que transportaba un líquido de tono turbio y olor a hidrocarburos y productos químicos. La conexión subterránea entre ambos lavaderos permitió que estos vertimientos se concentraran en el mismo punto de acceso al río. Durante el recorrido de verificación, se constató que las aguas residuales, al mezclarse en un solo caudal, aumentaban el potencial contaminante del río Bogotá.

Entre los elementos que llamó la atención de los inspectores se encontraron diversos insumos y residuos que podrían estar afectando el entorno, tales como:
1. Grasas y aceites residuales.
2. Llantas y garrafones.
3. Tarros metálicos, canecas y latas.
4. Materiales plásticos y otros desechos dispuestos al aire libre.
Estos elementos fueron dispuestos sin el manejo adecuado, generando afectaciones tanto en el suelo como en el entorno natural. La presencia de estos residuos compromete la integridad del ecosistema local y sus capacidades de regeneración.
La directora regional de la CAR Bogotá-La Calera, Sandra Milena Santafé Patiño, explicó que los establecimientos operaban en predios subarrendados en la localidad de Fontibón. Según las declaraciones, estos lavaderos realizaban sus actividades sin implementar medidas para el tratamiento y manejo responsable de las aguas residuales, hecho que permitió que el vertimiento incontrolado se extendiera directamente al afluente. La falta de infraestructura para el tratamiento adecuado genera un escenario de riesgo ambiental.
La zona donde se desarrollaron estos hechos se encuentra catalogada dentro de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del río Bogotá. Esta designación está orientada a la protección de los ecosistemas acuáticos y la preservación de la biodiversidad, lo que enfatiza la importancia de mantener prácticas ambientalmente responsables en la región. Entre los aspectos clave que se deben vigilar se encuentran:
• La integridad de los ecosistemas acuáticos.
• La preservación de la biodiversidad.
• El manejo adecuado de residuos y aguas residuales.
Durante la inspección también se identificaron otras actividades en el mismo predio que podían contribuir a la problemática ambiental. En uno de los sitios se constató la presencia de un local dedicado a la desgasificación de vehículos cargados de combustible. Este establecimiento, junto a talleres mecánicos, eléctricos y de pintura, mostró signos evidentes de derrames de aceite y saturación del suelo con hidrocarburos. Las condiciones detectadas ponen de manifiesto la necesidad de revisiones periódicas y controles más estrictos en edificaciones que manejan sustancias contaminantes.
Además de la contaminación del afluente, se observó que el manejo inadecuado de residuos en el suelo podría ocasionar infiltración de contaminantes a cuerpos subterráneos de agua. La posible migración de hidrocarburos al subsuelo representa un riesgo adicional que podría afectar tanto la calidad del agua como la salud de la población en zonas aledañas. Esta situación destaca la importancia de contar con protocolos precisos para la disposición y tratamiento de residuos de estos establecimientos.
La actuación de la CAR se enmarca dentro de los lineamientos para la protección del ambiente y la salud pública en la región. La medida de suspensión se adoptó con el fin de detener de forma inmediata los vertimientos, evitando que se incrementen los daños al afluente más importante de la capital. Las autoridades ambientales han pedido a los responsables adoptar procedimientos adecuados que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente en materia de manejo de residuos y protección ambiental.
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