*Capturados: las autoridades sospechan que son responsables de homicidio en Soacha, Cota y Madrid, Cundinamarca. Se encuentran en proceso de judicialización; fueron detenidos mediante trabajos adelantados las últimas horas por la Policía.
Los resultados contra el delito ocurrieron las últimas horas como parte concluyente de acciones ejecutadas por efectivos especializados del cuerpo uniformado en el departamento.
Sobre ellos pesan cargos delicados incluyendo homicidio, hurto calificado, porte y tenencia de armas de fuego y otros elementos utilizados en el desarrollo de los crímenes por los cuales eran buscados.
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De momento, los indiciados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario, según decisiones adoptadas por los administradores de justicia a quienes les correspondieron los casos.
Capturados por homicidio en Cundinamarca
Las tareas investigativas corrieron por cuenta de la Policía y unidades de la Fiscalía General de la Nación, procedimientos ejecutados a lo largo de los últimos meses.
De acuerdo a reportes oficiales, las investigaciones permitieron establecer que estos crímenes fueron cometidos bajo circunstancias distintas, pero con un patrón común: la utilización de violencia extrema para someter a sus víctimas.
Informaciones oficiales precisan que el primer caso se registró el pasado viernes 14 de febrero en el barrio Eugenio Díaz de Soacha. Ese día y en medio del robo de un teléfono celular, Keidy Fabriani M. M. habría disparado contra un ciudadano que se resistió al hurto. La víctima falleció en el lugar de los hechos, mientras que el presunto agresor logró escapar temporalmente. Su detención se concretó gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y testimonios que lo ubicaron en la escena del crimen.
El segundo hecho ocurrió el 1 de junio, domingo, en una estación de gasolina del municipio de Cota. Cristian Giovanny M. R. presuntamente atacó con un arma cortopunzante a un hombre tras una discusión. Minutos después, el herido fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero falleció a causa de la gravedad de las lesiones.
Dentro del tercer suceso, registrado el domingo 27 de abril en Madrid, José Carlos S. G. habría disparado en repetidas ocasiones contra otro ciudadano, impactándolo en el abdomen y la cabeza. La víctima murió en el sitio. Durante la audiencia concentrada, el acusado aceptó los cargos formulados en su contra; los otros dos implicados se declararon inocentes y esperan el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía Seccional de Cundinamarca indicó que las imputaciones incluyen delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los tres fueron enviados a centros carcelarios como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Un trabajo coordinado entre Fiscalía y Policía

Las autoridades destacaron que los resultados son fruto de un trabajo articulado entre la Policía Judicial (Sijin), el CTI y la Fiscalía, bajo estrategias enfocadas en la reducción de los homicidios en el departamento.
Voceros de Policía Cundinamarca, explicaron que las capturas se enmarcan en un plan integral de intervención que busca desarticular las redes delictivas dedicadas a la comisión de homicidios y hurtos violentos.
“Seguimos avanzando con resultados concretos en el esclarecimiento de los hechos violentos que afectan la seguridad de los cundinamarqueses. Estas capturas demuestran el compromiso institucional de devolver la tranquilidad a los municipios donde la violencia ha intentado imponerse”, indicaron.
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Por su parte, desde la Fiscalía se dijo que la judicialización de los implicados responde a un enfoque territorial que prioriza municipios con altos índices de homicidio, como Soacha, Zipaquirá, Fusagasugá y Girardot. En dichos municipios se adelantan programas de investigación y análisis criminal para detectar patrones delictivos. Buscan identificar plenamente a los autores materiales e, incluso, las estructuras que podrían estar detrás de los crímenes.
Mirada oficial
Aunque los casos recientes reflejan una respuesta institucional eficaz, la violencia homicida continúa siendo una preocupación para las autoridades.
En Soacha, por ejemplo, los homicidios asociados a robos, riñas y ajustes de cuentas a lo largo de los últimos años, pese a los esfuerzos de las autoridades locales. En 2024, la Policía reportó más de 120 homicidios de los cuales, una parte significativa estuvo relacionada con hurtos callejeros o disputas entre grupos dedicados al microtráfico.
A su vez, en Cota, aunque la tasa de homicidios es más baja en comparación con otros municipios, se han presentado casos asociados a conflictos personales y consumo de alcohol. Esa parece ser la causa de lo ocurrido en la estación de gasolina.
Por su parte, Madrid ha registrado un aumento en los hechos violentos vinculados a disputas entre bandas por el control del tráfico de estupefacientes. En varios de estos episodios, las víctimas resultaron ser personas jóvenes que habían sido amenazadas previamente o que se encontraban en zonas con presencia de actores delictivos.
Bogotá y su influencia en la violencia regional
El fenómeno de la violencia homicida en Cundinamarca no puede analizarse sin tener en cuenta la influencia de Bogotá, cuya expansión demográfica y económica genera un efecto directo sobre los municipios periféricos.
La capital, que enfrenta sus propios desafíos en materia de seguridad, ha reportado durante los últimos años un número significativo de delitos de alto impacto que se extienden hacia la Sabana. El desplazamiento de estructuras criminales hacia municipios vecinos como Soacha, Mosquera, Funza y Madrid, ha sido reconocido por algunas autoridades en los dos territorios.
Uno de los programas más destacados en este sentido ha sido el “Plan Choque contra el Homicidio y el Hurto Violento”, que involucra patrullajes coordinados, intercambio de información judicial y refuerzo de cámaras de vigilancia en corredores intermunicipales.
Frente a lo que se insinúa como un aumento de homicidios y delitos violentos, las autoridades departamentales y nacionales han impulsado diversas estrategias.
Tomaron la decisión de incrementar el pie de fuerza en municipios con mayores índices delictivos. A la vez, crearon frentes de seguridad ciudadana y redes de apoyo entre vecinos y comerciantes.
Simultáneamente optaron por modernizar los sistemas de videovigilancia con cámaras inteligentes interconectadas al Centro de Monitoreo Departamental.
De la misma forma procedieron con campañas de desarme y control de elementos irregulares, un proceso que se cumple en coordinación con la Novena Brigada del Ejército y la Fiscalía. También son adelantados programas sociales y educativos dirigidos a jóvenes en riesgo de vinculación a pandillas o estructuras delincuenciales.
Adicionalmente, la Gobernación de Cundinamarca viene impulsado convenios con la Policía Nacional y la Fiscalía para la capacitación de investigadores criminales y la dotación de tecnología forense.
Lucha contra la impunidad
Uno de los aspectos más sensibles es el trabajo contra el homicidio y la tasa de impunidad, que en años anteriores superaba el 60 % en algunos municipios. Sin embargo, la Fiscalía informó que, gracias al fortalecimiento de las unidades locales de investigación, el porcentaje de esclarecimiento ha mejorado considerablemente.
Casos como los de Soacha, Cota y Madrid reflejan que el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades está dando frutos. En los tres episodios recientes, las pistas iniciales provinieron de denuncias anónimas, cámaras de seguridad y labores de inteligencia de campo.
Precisamente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró los resultados alcanzados por la Policía y la Fiscalía, subrayando que la seguridad ciudadana sigue siendo prioridad para su administración.
“Cundinamarca no será refugio de la delincuencia. Seguiremos apoyando a las autoridades con recursos, tecnología y coordinación interinstitucional. Cada captura es un paso hacia una sociedad más segura”, expresó el mandatario.
Entre tanto, líderes comunitarios de Soacha y Madrid pidieron fortalecer los programas de prevención del delito y la presencia permanente de uniformados en sectores donde persisten problemáticas de inseguridad.







