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Bogotá se opone a vehículos eléctricos en ciclorrutas sin SOAT

por: Julian Glevez

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En Bogotá se ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de la movilidad eléctrica. Las autoridades distritales han manifestado su preocupación por un proyecto de ley que permitiría la circulación de vehículos eléctricos livianos por ciclorrutas sin exigir el seguro obligatorio (SOAT). Este proyecto, que ha sido objeto de intensas discusiones en las instancias legislativas, busca impulsar alternativas de movilidad urbana sustentable, pero enfrenta críticas desde diversos sectores por lo que considera deficiencias en la protección de ciclistas y peatones.

El proyecto de ley en cuestión, que ha pasado por la aprobación en algunas comisiones tanto en el Senado (Proyecto de Ley 111 de 2023) como en la Cámara (Proyecto de Ley 219 de 2024), propone una serie de disposiciones para regular el tránsito de vehículos eléctricos livianos.

Rechazo a proyecto sobre ciclorrutas
Rechazo a proyecto sobre ciclorrutas

Desde una perspectiva legislativa, el argumento central es regular el uso de estos medios de transporte para brindar más alternativas en un contexto que demanda movilidad sostenible. No obstante, las autoridades locales y parte de la bancada de la Bicicleta del Concejo de Bogotá alertan sobre los posibles riesgos operativos y de seguridad derivados de la implementación de esta normativa. Asimismo, se resalta que la iniciativa podría contravenir regulaciones previas, como la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, que establece lineamientos para la circulación y regulación de este tipo de vehículos.

Estos puntos fueron el eje de una crítica formal en la que se argumenta que la inclusión de vehículos eléctricos livianos en las ciclorrutas podría generar un entorno de riesgo para quienes hacen uso de la infraestructura destinada principalmente para bicicletas o peatones. Además, se ha puesto de relieve la problemática creada por la fijación de una edad mínima de conducción en 16 años, mientras que en la práctica podría permitir el manejo por jóvenes de entre 12 y 16 años, aumentando así potencialmente la vulnerabilidad de los menores al exponerlos a situaciones de riesgo en entornos viales.

Paralelamente, desde la Secretaría Distrital de Movilidad se han emitido observaciones en relación con la seguridad vial. La entidad ha subrayado la necesidad imperativa de que la normativa regule de forma que se garantice la integridad de las personas que utilizan la cicloinfraestructura.

La contraparte legislativa, representada en este caso por el senador Julio Elías Vidal, ha respondido a las críticas expresadas por algunos concejales y sectores de la ciudadanía. En su comunicación a través de la red social X, el senador sostuvo que la ley está diseñada para solucionar problemáticas existentes en el ámbito de la movilidad y que ningún vehículo que supere la potencia de 1.000 W se verá incluido en la clasificación de vehículos eléctricos livianos. Según sus declaraciones, la regulación técnica complementaria será determinante para definir la aplicación de la norma en situaciones específicas. Además, Vidal aclaró que la circulación de estos vehículos se restringirá exclusivamente a la cicloinfraestructura, asegurando que el tránsito por aceras u otros espacios no será permitido bajo la nueva regulación.

El desarrollo y aprobación de este proyecto legislativo se ha llevado a cabo de manera que, según algunas voces críticas, se realizaron proposiciones de último momento sin contar con un análisis técnico exhaustivo ni con la consulta de las entidades de tránsito y movilidad implicadas en el proceso. Entre estas voces se encuentran 18 concejales de Bogotá que han solicitado expresamente que el presidente de la República, Gustavo Petro, impida la promulgación del proyecto sin una revisión adicional. Los concejales han planteado que la formulación de una regulación técnica rigurosa y basada en evidencia es fundamental para asegurar que la integración de vehículos eléctricos livianos en la estructura vial no conlleve riesgos imprevistos.

La propuesta legislativa, en su intento por ampliar el marco de la movilidad urbana sostenible, ha generado una discusión amplia y variada en diferentes foros. Los representantes que se oponen a la medida hacen énfasis en que la apertura de las ciclorrutas a vehículos eléctricos livianos sin los controles reputados necesarios podría incidir en el deterioro de la seguridad vial y en la eficiencia del sistema de transporte. Por tal motivo, llaman a que se revise la norma desde una perspectiva técnica y operativa, considerando las siguientes medidas para reforzar la seguridad:

• La implementación de dispositivos de identificación para cada vehículo autorizado.

• La definición de límites de velocidad específicos para estos vehículos dentro de la infraestructura ciclorrutera.

• La verificación de la experiencia y capacidad técnica para operar vehículos eléctricos, especialmente en lo relacionado con la conducción en zonas mixtas de tránsito.

La aprobación o rechazo final de esta legislación se perfila como un tema de interés tanto para las autoridades locales como para los legisladores nacionales. Mientras las instancias pertinentes estudian las múltiples aristas de la norma, se mantiene en el debate público la necesidad de encontrar un equilibrio entre la promoción de la movilidad sostenible y la preservación de la seguridad de todos los usuarios de las vías. La discusión continúa en el marco de la participación ciudadana y de diversas voces institucionales que resaltan la importancia de un análisis detallado y minucioso de la normativa. Cada uno de los actores implicados subraya la relevancia de que cualquier modificación en la regulación del tránsito participe de criterios técnicos, evidencia empírica y la inclusión de la opinión de las entidades de tránsito antes de su eventual implementación.