En Girardot se enfrenta una situación compleja en el ámbito de la contratación pública luego de que se identificaran aparentes inconsistencias en la ejecución de “Sacúdete y Crea”, un proyecto con un valor superior a los 16.000 millones de pesos. Según denuncia emitida por la representante Alexandra Vásquez desde el Congreso, se habrían invertido significativamente cerca de 7.000 millones de pesos en una obra que se encuentra detenida desde hace cuatro años. La información señala que dicha suma representa aproximadamente la mitad de los recursos originalmente asignados.
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Una alarma se desató tras conocerse que la ejecución del proyecto, diseñado para completarse en apenas cuatro meses, ha sufrido repetidos retrasos y prórrogas. Los registros indican que desde el inicio de la adjudicación en diciembre de 2021, el contrato ha experimentado al menos siete extensiones. Estas modificaciones han generado inquietudes en torno al manejo de la inversión pública y la eficacia en la contratación de servicios de construcción.
La situación se agrava al conocer que el grupo contratado es la Unión Temporal Acaima, conformada por los siguientes actores:
• Olaguer Agudelo Prieto en su representación legal;
• Aitor Mirena De Larrauri Echevarría, quien asume un 30% de participación;
• Asdico LTDA, con un 70% de participación.
Este consorcio ha sido objeto de cuestionamientos previos por la ejecución y abandono de otras obras en regiones de Tolima y Cundinamarca.
De acuerdo con la denuncia, el alcalde Salomón Sair habría decidido, desde la administración municipal, finalizar de manera unilateral el contrato por presunto incumplimiento y reiniciar nuevamente el proceso de contratación. Esta decisión ha generado inquietudes sobre el destino de los fondos ya desembolsados y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, en tanto que los recursos adjudicados a la obra se han visto comprometidos ante la prolongada ejecución.
Entre los datos relevantes, se destacan los siguientes puntos:
• Monto total del proyecto: más de 16.000 millones de pesos.
• Suma cuestionada: 7.000 millones de pesos.
• Número de prórrogas registradas: al menos 7.
• Tiempo de inactividad de la obra: 4 años.
La representante Vásquez ha señalado que la demora y los antecedentes concernientes a los contratistas ponen en riesgo no solo la inversión, sino también el logro de los objetivos de desarrollo para el municipio, reconocido como cabecera de la región del Alto Magdalena en Cundinamarca. Desde el espacio legislativo se hace un llamado a las entidades de control para que realicen un seguimiento riguroso y que no se discrimine ningún aspecto de la gestión de recursos.
Asimismo, la solicitud de control concomitante y preventivo ha sido remitida a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República. La intervención de estos organismos tiene como objetivo salvaguardar el destino de los fondos públicos y asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Es importante notificar que el desarrollo urbano y el fortalecimiento económico en Girardot dependen en gran medida de la correcta administración de proyectos de infraestructura. Cada paso en la gestión contractual y la implementación de obras municipales guarda un impacto directo en la comunidad.
Finalmente, el seguimiento a este proceso se presenta como un elemento central para la transparencia y la continuidad de los proyectos en la región. La situación actual invita a un análisis exhaustivo de las medidas administrativas y contractuales adoptadas, con el fin de asegurar que los recursos destinados al desarrollo se manejen de acuerdo con las normativas vigentes y se garantice el bienestar general.
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