El decreto presidencial sobre el salario mínimo para 2026 ha generado un clima de confrontación en el empresariado colombiano. Gustavo Petro fijó la remuneración básica en $1.750.905, que, sumada al subsidio de transporte, eleva el ingreso mensual de un trabajador a $2.000.000. Este ajuste, que sobrepasa el 23%, ha sido calificado como una "medida desestabilizadora" por la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), gremio que la ve como un riesgo para el equilibrio macroeconómico.
Arnulfo Cuervo, cabeza de Fedetranscarga, encabezó el rechazo sectorial sosteniendo que un alza de esa cuantía es desproporcionada y ajena a la realidad productiva nacional. Los transportadores alegan que esta determinación, adoptada de modo unilateral por el Ejecutivo, cuestiona la legitimidad del proceso, ya que se introdujo la noción de "ingreso mínimo vital" sin un debate técnico previo en la instancia tripartita de concertación laboral.
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Efectos anticipados: Una reacción en cadena sobre la economía
La inquietud de los empresarios trasciende el pago de planillas y proyecta una reacción en cadena sobre toda la actividad económica:
- Erosión del empleo formal: Fedetranscarga prevé que los costos elevados forzarán a las compañías a recortar plazas o congelar nuevas vinculaciones.
- Presiones inflacionarias y crediticias: Se anticipa que el mayor costo laboral se traslade a los precios finales, lo que impulsaría la inflación y, en consecuencia, las tasas de interés de los préstamos.
- Merma en competitividad: El gremio subraya que los productos de exportación perderán atractivo en los mercados foráneos por el encarecimiento de la mano de obra.
- Impacto sobre las finanzas públicas: Según los transportadores, por cada punto porcentual de incremento salarial, el Estado debe desembolsar cerca de $400.000 millones en nómina y pensiones. Con un alza de casi 24 puntos, el costo fiscal sería colosal, socavando los intentos por reducir el déficit en medio de una coyuntura económica compleja.
La disputa de relatos: Equidad social versus sostenibilidad empresarial
Para Fedetranscarga, la economía colombiana está actualmente "asfixiada" por la inseguridad física y normativa, además de una tributación que juzgan expropiatoria. El gremio insiste en que el poder de compra no se mejora por mandato, sino mediante el afianzamiento de una economía dinámica que garantice la supervivencia de las empresas.
Analistas concuerdan en que este reajuste probará la resistencia del mercado laboral en 2026, agregando tensiones no deseadas a la política monetaria. Mientras el Gobierno enmarca la medida como un acto de reparación social para elevar la calidad de vida, los transportadores y otros sectores productivos alertan que la factura de este "sobresalto" salarial podría terminar pagándola los propios trabajadores mediante el desempleo y el encarecimiento de la canasta familiar.
