Un notable aumento en el inconformismo regional ha escalado a la esfera judicial, luego de que el abogado Julián Prada anunciara la interposición de una acción popular en contra de la propuesta de la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, de implementar la medida de pico y placa los sábados para aquellos vehículos matriculados fuera de la capital. Esta acción se suma a las voces de protesta ya manifestadas por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y diversos alcaldes de municipios vecinos.
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Los argumentos legales contra la medida
La medida propuesta por el alcalde Galán busca restringir la movilidad de vehículos con matrícula foránea durante los sábados. Sin embargo, el abogado Prada argumenta que esta restricción viola los principios de igualdad y movilidad regional. Él subraya que imponer tales limitaciones basándose únicamente en el lugar de matrícula del vehículo "atenta contra los derechos fundamentales de quienes usan su vehículo para trabajar, estudiar o movilizarse diariamente entre la capital y municipios vecinos".
La reacción de los mandatarios regionales
Las reacciones institucionales y políticas han sido fuertes. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, calificó la medida como discriminatoria porque ignora la realidad de la movilidad en la región metropolitana. Rey enfatizó que, a diferencia de hace dos décadas cuando la actividad se concentraba en la capital, actualmente miles de personas viven, estudian, trabajan y se movilizan de forma indistinta entre Bogotá y Cundinamarca, una realidad que el pico y placa contra placas foráneas "desconoce".
Otros líderes municipales se han unido a esta crítica. Los alcaldes de Soacha, Julián Sánchez Perico, y de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, también elevaron su voz, indicando que la medida penaliza a los ciudadanos de la región que tienen la necesidad de desplazarse hacia Bogotá.
La mesa de diálogo y un futuro incierto
Ante el panorama de creciente tensión, la Personería de Bogotá ha tomado medidas para facilitar el diálogo. Se instaló una mesa de diálogo que incluye a representantes de personerías de varios municipios aledaños a la capital, incluyendo Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Chía, Facatativá, Madrid, Mosquera y Subachoque. El objetivo de esta mesa es analizar los efectos de la medida sobre aspectos cruciales como la movilidad, el transporte, el empleo, los derechos ciudadanos y la salud. Además, busca mantener un canal de diálogo técnico y jurídico constante con las autoridades pertinentes.
A pesar de la acción popular anunciada y las múltiples protestas, el futuro inmediato de la restricción sigue siendo incierto. Aunque una acción popular exitosa podría resultar en la suspensión o modificación de la medida antes de su implementación, este mecanismo de participación ciudadana a menudo experimenta demoras en juzgados y tribunales. Por el momento, la decisión final sobre si el pico y placa de los sábados "se suspende o se aplica" recae en el alcalde Galán y sus asesores, mientras las demandas avanzan en el sistema judicial.
