Un exsecretario de Planeación y tres funcionarios de la firma promotora de la obra fueron imputados por la Fiscalía General; aparentemente habrían modificado el POT y desconocido algunas disposiciones para ejecutar la propuesta.
Para el ente acusador el proyecto no contaba con los permisos legales del municipio ni licencia ambiental, pese a lo cual la obra siguió adelante vulnerando normas explícitas sobre el particular.
Según la Fiscalía, en diciembre el 2.015, “Jairo Andrés Díaz Rodríguez, entonces secretario de Planeación de La Calera (Cundinamarca), habría modificado el condicionamiento de uso del suelo en el lugar donde se proyectó la construcción del cementerio”.
Parece ser que, puntualmente, (Díaz Rodríguez) declaró como Zona de Utilidad Pública los terrenos en donde se ejecuta el proyecto, contrariando lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Explica la Fiscalía que con ello se vulneró lo ordenado en el POT en el aspecto relacionado con la prohibición de “cementerios en áreas pobladas o residenciales, con centros educativos o jardines infantiles, como es el caso de la vereda Altamar”.
Las posibles irregularidades
Con esas modificaciones, de acuerdo a los señalamientos de la autoridad competente, la empresa Capillas de la Fe, gestora del proyecto, “solicitó a la alcaldía municipal licencia de construcción para la parcelación y urbanización”.
En respuesta la licencia fue negada. “La decisión fue comunicada mediante aviso, en el entendido de que los interesados supuestamente no atendieron el llamado de notificación presencial”.
Con ello la representante legal de la funeraria alegó que no fue enterada oficialmente sobre la determinación de la Alcaldía de La Calera, por lo que se amparó “en el silencio administrativo positivo”.
Luego obtuvo en una notaría las escrituras públicas que, en su parecer, le daban viabilidad para iniciar la obra. “De esta manera, inició la construcción sin autorización de la Alcaldía ni licencia ambiental, requisito indispensable para el impacto que tienen los cementerios en el terreno y el entorno”, insiste la Fiscalía.
Por lo anterior el mismo organismo investigativo solicitó al Juez de Control de Garantías dictara “la suspensión de los registros obtenidos de manera fraudulenta que habría avalado la realización del proyecto”.
Los acusados
En la misma audiencia virtual la Fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción “imputó a los procesados diferentes delitos, según el nivel de participación que tendrían en los hechos investigados”.
Según los acusadores, en este caso se encuentra vinculado el entonces secretario de Planeación (2013 – 2015), Jairo Andrés Díaz Rodríguez: “habría modificado el condicionamiento de uso del suelo en el lugar donde se proyectó la construcción del cementerio”.
Los señalamientos también alcanzan a María Adelaida París Gómez, representante legal de la empresa Capillas de la Fe. “La Fiscalía le formuló cargos por obtención de documento falso, fraude procesal y urbanización ilegal”.
Otro vinculado es el arquitecto Wilson Felipe Ortegón Medina, director de obra; lo imputan por presunto fraude procesal. Johana Melissa Castro Rojas, abogada de la empresa Capillas de la Fe. “Se le formularon cargos por los delitos de fraude procesal y urbanización ilegal”, también a nivel de presunción.
La Fiscalía insiste en que la acción judicial se encuentra enmarcada dentro de las estrategias del jefe del organismo acusador, Francisco Barbosa Delgado, “en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, que contempla la priorización de las investigaciones por hechos de corrupción”.
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Posibles irregularidades en la entrega de licencia al Parque Cementerio Ecológico en La Calera, Cundinamarca[/caption]
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