El 21 de enero de 2025, las empresas espa帽olas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias mayoritarias del Grupo Keralty, al cual pertenece la EPS Sanitas, presentaron una demanda arbitral contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Esta acci贸n legal surge como respuesta a la intervenci贸n forzosa de la EPS Sanitas por parte del gobierno colombiano en abril de 2024, y las compa帽铆as demandantes buscan una compensaci贸n de aproximadamente 1.200 millones de d贸lares, alegando una "expropiaci贸n indirecta" de sus inversiones.
La intervenci贸n de la EPS Sanitas, que cuenta con cerca de 5,7 millones de afiliados, fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de abril de 2024. Seg煤n el superintendente de Salud, Carlos Leal Angarita, la decisi贸n se bas贸 en "el estado de la situaci贸n financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente n煤mero de quejas de los usuarios" de la entidad. Durante el a帽o 2023, Sanitas registr贸 185.634 reclamaciones, con una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, superando significativamente el promedio nacional. Los principales motivos de las quejas inclu铆an deficiencias en la asignaci贸n y oportunidad de citas, entrega de tecnolog铆as en salud y autorizaciones de servicios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asegur贸 que la intervenci贸n no afectar铆a la prestaci贸n de servicios a los afiliados y que se garantizar铆a la continuidad en la atenci贸n m茅dica. Sin embargo, la medida gener贸 controversia en diversos sectores pol铆ticos y empresariales. El expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez expres贸 su preocupaci贸n, se帽alando que la intervenci贸n podr铆a llevar al estatismo y afectar la inversi贸n privada en el sector salud. Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, calific贸 la acci贸n como una represalia del gobierno ante la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud, y advirti贸 sobre posibles riesgos para la vida de los pacientes.
En respuesta a las cr铆ticas, el presidente Gustavo Petro afirm贸 que la intervenci贸n buscaba proteger el sistema de salud y garantizar la vida de los colombianos. Petro se帽al贸 que el actual sistema hab铆a permitido la extracci贸n indebida de recursos p煤blicos por decenas de billones de pesos, y que era necesario actuar conforme a la ley y la constituci贸n para corregir estas irregularidades.
La intervenci贸n de Sanitas se produjo en un contexto de debate sobre la reforma al sistema de salud colombiano. El gobierno de Petro ha promovido una transformaci贸n del sistema, buscando eliminar la intermediaci贸n de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas y permitir que los recursos pasen directamente del Estado a las cl铆nicas y hospitales. Esta propuesta ha generado resistencia en sectores que consideran que el modelo actual ha funcionado adecuadamente desde los a帽os 90 y que su modificaci贸n podr铆a afectar la calidad y cobertura de los servicios de salud.
La demanda arbitral presentada por Natanor XXI y Centauro Capital ante el Ciadi representa un nuevo desaf铆o para el gobierno colombiano. Las empresas argumentan que la intervenci贸n de Sanitas constituye una expropiaci贸n indirecta de sus inversiones, y buscan una compensaci贸n que podr铆a ascender a 1.200 millones de d贸lares. Este proceso legal podr铆a tener implicaciones significativas para el pa铆s, tanto en t茅rminos financieros como en la percepci贸n de seguridad jur铆dica para los inversionistas extranjeros.

Adem谩s de la acci贸n legal internacional, los accionistas de Sanitas han recurrido al 谩mbito judicial colombiano. Presentaron una tutela alegando irregularidades en la intervenci贸n de la EPS, la cual fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogot谩. Sin embargo, la Corte Constitucional ha anunciado que revisar谩 el caso, lo que podr铆a derivar en un pronunciamiento sobre la legalidad de la intervenci贸n y sus implicaciones para los usuarios del sistema de salud.
En este contexto, asociaciones de usuarios han manifestado su preocupaci贸n por las posibles afectaciones en la calidad y continuidad de los servicios de salud. Denis Silva, de la Asociaci贸n Pacientes Colombia, se帽al贸 que los litigios internacionales no benefician ni al sistema de salud ni a los usuarios, y expres贸 inquietud por la capacidad instalada que tiene el Grupo Sanitas en el pa铆s. Por su parte, 脕lvaro Molina, vocero de la Asociaci贸n de Usuarios de Sanitas, advirti贸 que las intervenciones anteriores han terminado en liquidaci贸n, lo que genera incertidumbre entre los afiliados.
La disputa entre las empresas espa帽olas y el Estado colombiano pone de relieve las tensiones existentes en torno a la reforma del sistema de salud y la participaci贸n del sector privado en la prestaci贸n de servicios. El desenlace de este conflicto legal y las decisiones que tomen las autoridades colombianas ser谩n determinantes para el futuro del sistema de salud y la confianza de los inversionistas extranjeros en el pa铆s.