Hay dudas sobre la suerte de $7 mil millones. Desde hace más de 18 años, hogares desplazados por la violencia y afectados por la descomposición social del país, esperan que finalmente les entreguen las casas prometidas por sucesivos gobiernos desde el mandato del expresidente Uribe para acá.
Sobre lo anterior advirtió la Contraloría General en informe de las últimas horas, tras evaluar el cumplimiento de programas de importante contenido social.
“Luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios de vivienda de interés social, que se realizó hasta el 2012, aún se encuentran 22.284 sin legalizar, afectando a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios”, comienza denunciando la CGR .
De lo anterior se supo mediante Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico ante el Fondo Nacional de Vivienda.
“Hay obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y unos $7 mil millones depositados en fiducias que no cumplen su destinación”, subraya el informe.
De momento la Contraloría General detectó “25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones; 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios”.
Los mayores problemas corresponden a proyectos en los departamentos de Bolívar, Guajira, Córdoba, Caquetá, Antioquia, Guaviare y San Andrés.
Además la Contraloría encontró que 22 mil subsidios se encuentran sin legalizar, buen número de proyectos registran incumplimiento, otros más no cuentan con servicios públicos y otro fueron asignados a personas fallecidas.
Precisamente este punto del incumplimiento con los programas de vivienda para la población vulnerable y desplazados, es parte del pliego presentado a propósito del paro nacional.
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