En una acción contundente para proteger los recursos hídricos y la salud pública en zonas rurales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva de suspensión inmediata a dos restaurantes ubicados en el municipio de Tena, específicamente en el sector La Pala de la vereda Rosario Alto.
Los establecimientos comerciales fueron hallados realizando descargas continuas de aguas residuales directamente al suelo sin contar con los permisos ambientales exigidos por la normativa colombiana, evidenciando graves fallas en sus sistemas de tratamiento.
Durante la inspección técnica detallada, se identificó que la red de conducción instalada era de carácter artesanal y presentaba reboses constantes que afectaban significativamente la convivencia comunitaria y la integridad del entorno del casco urbano rural.
La directora de la regional Tequendama, Nidia Cruz, señaló con preocupación que durante la inspección se evidenció claramente "la saturación de las trampas de grasa y la ausencia total de sistemas secundarios de tratamiento", condiciones que generaban un riesgo inminente de daño ambiental irreversible y afectaciones directas a la salud humana de los habitantes cercanos.
La medida coercitiva se ampara en la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, el cual establece de manera taxativa que toda actividad comercial o industrial que opere fuera de la red de alcantarillado público debe poseer "sistemas de tratamiento adecuados y un permiso de vertimientos vigente" que certifique el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos.
- Interesante: Investigación de UCundinamarca en sostenibilidad empresarial destaca en feria CIENTEC 2025 en Perú
Marco legal y consecuencias administrativas
La funcionaria ambiental advirtió explícitamente que la suspensión de actividades se mantendrá de manera indefinida hasta que los responsables demuestren fehacientemente la implementación de un sistema técnico certificado que cumpla integralmente con la normativa ambiental vigente.
Este proceso incluirá la presentación de estudios técnicos, diseños aprobados por profesionales idóneos, y la ejecución de obras de infraestructura que garanticen el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su disposición final.
La CAR ofrecerá asesoría técnica a los comerciantes durante este proceso de adecuación, pero mantendrá una posición firme respecto al cumplimiento estricto de los estándares ambientales.
Este operativo ejemplar forma parte del compromiso histórico de la CAR en sus 65 años de trayectoria institucional para mitigar sistemáticamente el impacto de los residuos no tratados en los frágiles ecosistemas rurales de la región.
La entidad hizo un llamado enfático a todos los comerciantes y empresarios de la jurisdicción para que regularicen proactivamente su situación ambiental antes de ser objeto de inspecciones sorpresa, recordando que "los vertimientos ilegales representan una amenaza directa para la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de las comunidades".
La sanción económica es solo una dimensión de las consecuencias, pues las afectaciones ambientales pueden generar responsabilidades civiles y penales adicionales.
Participación ciudadana en la vigilancia ambiental
La CAR instó a la ciudadanía a seguir reportando oportunamente cualquier irregularidad ambiental a través de su portal de servicios digitales y los múltiples canales de atención al usuario disponibles, destacando el papel fundamental de la veeduría comunitaria en la protección de los recursos naturales.
Este caso en Tena se convierte en un precedente importante para otros municipios con características similares, donde el crecimiento comercial no ha ido acompañado de la necesaria infraestructura de saneamiento básico.
La corporación anunció que intensificará los operativos de control en el primer trimestre de 2026, priorizando aquellas zonas donde se han recibido múltiples quejas ciudadanas por contaminación hídrica.
La estrategia de la CAR incluye no solo el componente sancionatorio, sino también programas de educación ambiental y asistencia técnica para micro y pequeños empresarios que requieren apoyo para implementar sistemas de tratamiento accesibles y eficientes.
Con estas acciones integrales, la autoridad ambiental reafirma su compromiso con la protección de las cuencas hidrográficas que abastecen a millones de habitantes, entendiendo que cada vertimiento controlado es un paso hacia la sostenibilidad territorial y la salud pública garantizada para las presentes y futuras generaciones.
