Una contundente operación judicial liderada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía, permitió el desmantelamiento del grupo delincuencial denominado ‘Los Vida Nueva’, el cual operaba con violencia y control territorial en la comuna 2 del municipio de Soacha, Cundinamarca.
Según el reporte oficial emitido el pasado 12 de enero de 2026, un total de 12 integrantes de esta banda fueron capturados y judicializados por su presunta responsabilidad en una serie de crímenes violentos y actividades de tráfico de estupefacientes a gran escala, cuya cadena delictiva habría iniciado su accionar en octubre de 2024.
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Modus operandi: Sicariato, narcotráfico y reclutamiento de menores
La investigación de la Fiscalía, que se extendió por más de un año, vincula directamente a esta organización con al menos seis asesinatos consumados y cuatro atentados sicariales ocurridos entre 2024 y 2025 en el centro de Soacha.
En los casos de tentativa de homicidio, las víctimas lograron sobrevivir milagrosamente a los ataques armados perpetrados por pistoleros de la banda.
Entre los capturados se encuentran dos señalados cabecillas, uno de los cuales ya se encontraba privado de la libertad por hechos previos, pero continuaba ejerciendo mando sobre la estructura desde la cárcel, evidenciando su poder de coordinación.
Estos líderes eran los encargados de suministrar armamento, financiar las operaciones y ordenar las ejecuciones sicariales con el fin de mantener el control absoluto del territorio para la venta de sustancias ilícitas.
Un aspecto crítico y deplorable revelado por las autoridades es la instrumentalización sistemática de menores de edad por parte de 'Los Vida Nueva'.
La organización criminal utilizaba a niños y adolescentes, en situación de vulnerabilidad, para tareas de transporte, distribución y vigilancia (conocidos como "campaneros") en los puntos de expendio de alucinógenos en la comuna 2, exponiéndolos a enormes riesgos.
Los demás capturados cumplían roles específicos dentro de la pirámide delincuencial, como expendedores directos, administradores de "ollas" y los propios sicarios encargados de ejecutar las órdenes de muerte impartidas por los cabecillas.
Resultados del operativo y medidas judiciales
Durante los operativos de allanamiento y registro realizados en la madrugada en diferentes sectores de Soacha, las autoridades lograron la incautación de un importante arsenal y material probatorio que sustenta las acusaciones: cuatro armas de fuego (entre pistolas y revólveres), 24 cartuchos calibre 38, un kilo y medio de base de coca lista para procesar, 739 cápsulas de bazuco listas para la venta, cinco teléfonos celulares usados para la coordinación logística y un vehículo particular utilizado para la movilidad de los integrantes.
Ante estos contundentes hallazgos, una fiscal delegada de la Seccional Cundinamarca imputó cargos individuales que incluyen homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.
A pesar de que los 12 procesados no aceptaron los cargos imputados durante las audiencias iniciales de legalización de captura e imputación, un juez de control de garantías, tras analizar el peligro para la sociedad y el riesgo de fuga, determinó que representan una amenaza grave para la comunidad y les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario, sin derecho a prisión domiciliaria.
Este resultado judicial se suma a otros esfuerzos de seguridad en la región, como la reciente captura de una mujer señalada de una ola de hurtos en casinos y el fortalecimiento de la seguridad en parques mediante la recuperación de entornos, mostrando una estrategia integral contra la delincuencia.
