En largas conversaciones con funcionarios especiales de ese organismo investigativo, el ex mandatario seccional habría pactado devolver $800 millones de pesos para reparar a las víctimas, en este caso el Distrito Capital. Se supo además que podría enfrentar una pena de seis o siete años siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que podrían incluir declaraciones suyas contra otras personas más, involucradas en el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.
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