La queja ante la Fiscalía fue radicada por el presidente de la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España, y tiene que ver con aparente celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales –fraccionamiento de contrato-, en tres casos diferentes. De resultar punibles podrían arrastrar no solo al mandatario local Jorge Alberto Godoy Lozano, sino a los contratistas y a los funcionarios que de una forma u otra intervinieron en la elaboración, ejecución y perfeccionamiento de los respectivos documentos contractuales.
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