Habría pagado millonaria comisión por venta de acciones que el municipio tenía en el Banco Popular. La Procuraduría lo inhabilitó por 12 años en primera instancia.
Aparentemente desconoció “los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad” en un contrato de prestación de servicios; por el mismo caso también indagan a la exsecretaria de Hacienda Martha Lucía Cartagena.
Trata de establecer el Ministerio Público el par de exfuncionarios desconocieron los procedimientos legales a la hora de suscribir el Contrato de Prestación de Servicios No.634 de 2014, lo que habría generado detrimento patrimonial para el municipio.
De acuerdo a los señalamientos en esa oportunidad el municipio suscribió un “negocio jurídico (…) con la empresa G&H Investments SAS, (que) tenía por objeto "contratar la prestación de los servicios profesionales para asesorar, apoyar y acompañar el proceso de enajenación de 4’419.183 acciones ordinarias del Banco Popular de propiedad del municipio", según indica la investigación.
“En esa transacción se encontraban comprometidos 350 millones de pesos, valor que resultó excesivo, en casi un 64%, para cubrir los honorarios del intermediario bursátil”.
El ente de control señaló que hubo un incumplimiento de deberes por parte de los exfuncionarios, que permitió pagos excesivos en la adquisición de un servicio.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave. Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. 
