“Con esta reforma se evita la prescripción de más de 10.000 procesos”, advierte la titular del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. El proyecto alcanzó primer debate en sesión conjunta de Senado y Cámara.
Estima que con la propuesta se acoge lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 8 de julio del año pasado.
“Desde el año pasado que salió la sentencia no han podido ser investigados 12 mil funcionarios públicos de elección popular”, subraya.
La aprobación en primer debate de la iniciativa desató agria polémica y fuertes críticas desde la oposición que ve en ello una amenaza contra la elección popular de dignatarios.
“Hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular”, insiste.
Considera Cabello Blanco que la propuesta aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, “respondiendo así, a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Hace referencia en particular al caso de Gustavo Petro, mediante el cual la CIDH condenó al país al considerar que le vulneraron los derechos al entonces Alcalde de Bogotá.
En esencia y de ser finalmente aprobada la iniciativa, la Procuraduría General asumirá funciones de Juez y quedará facultada para dictar sentencia, asunto que no ocurre en la actualidad.
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