Cerca de 300 comunicadores resultaron agredidos a lo largo de los dos meses de protestas en el país; han sido “heridos, amenazados y detenidos de manera ilegal”, insiste la Fundación para la Libertad de Prensa.
El reporte, a manera de denuncia, solicita la intervención de organismos internacional a fin de que verifiquen lo que está sucediendo en el país desde el sector oficial.
“Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa independiente y libre de violencias”, subraya.
Advierte la FLIP que esa circunstancia de violentar a la prensa no encuentra “freno institucional” y que, por el contrario, “ha sido normalizado por las principales autoridades”.
Desde el 28 de abril pasado cuando inició el paro nacional, a la fecha, “la FLIP ha documentado 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa, que se concentraron donde hubo puestos de resistencia de la protesta como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18)”.
Según el mismo informa, 152 de las agresiones, el 58%, como autores fueron identificados integrantes de la fuerza pública asunto que, insiste, se constituye en delicado aspecto dentro de una democracia.
La misma organización defensora de los periodistas advierte que se observan “indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa”.
Se queja la FLIP de que un par de casos de agresión de la fuerza pública a la prensa, “plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas porque no se cumplió con un mínimo de diligencia para contactar a las víctimas y por una presunta falta de pruebas para identificar al agresor”.
Aclara, sin embargo, que en virtud de la presión de la sociedad, los casos fueron reabiertos.
El mayor número de casos corresponden a Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, asunto que llevó a buscar contactos con los alcaldes para que, a través de ellos, se garantice el desarrollo del trabajo periodístico, particularmente de los comunicadores independientes.
“Hacemos un llamado a la CIDH para que inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada”, insiste la FLIP.
Sobre la violación de los derechos humanos el Gobierno de los Estados Unidos formuló reclamos al presidente Iván Duque. (Ver: Estados Unidos “exige” respeto a los derechos humanos en Colombia ) Se sabe que en Europa buena parte de la comunidad del viejo continente, tanto oficial como privado, se encuentran en la misma tónica.
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