“… los perpetradores e instigadores de estos (bloqueos viales) pueden estar incursos en responsabilidad penal. Adicionalmente, si son funcionarios públicos, podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales”.
La advertencia fue entregada, en pronunciamiento común, por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría fijando posición frente al Paro Nacional y, en particular, a la actitud de algunos gobernadores y alcaldes.
Explican que “La protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población”, subrayan.
Insisten en que, por esa razón y en el marco de sus competencias, seguirán trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo que viene ocurriendo durante las manifestaciones en Colombia.
Dicen que “Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población”, insisten.
Las conocidas “IAS” van más allá y formulan clara y directa advertencia a los funcionarios públicos, principalmente alcaldes, varios de quienes están siendo investigados por aparentemente promover bloqueo de vías.
“… si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales”.
Para el caso de Cundinamarca, en comunicación oficial la Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra el alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, quién, según la Defensoría del Pueblo, habría incitado a dirigir las protestas hacia Bogotá y no en su ciudad. (Ver: Bloqueo vías: Abren investigación contra alcalde de Zipaquirá, Cundinamarca )
En este enlace puede consultar el comunicado oficial de la Fiscalía (clic)
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