La FDN (Financiera de Desarrollo Nacional) y sus consultores contratados, seguramente a full tarifa, sacan del sombrero de mago la información de su propuesta de venta de Electricaribe
Opinión
Por: Jorge Vergara Carbó
Red GES
No es seria la propuesta de la FDN al incluir en su pliego para el nuevo operador $1.3 billones como pasivo laboral, cuando al incluirse todo lo pactado en las convenciones pueden ser $2.5 billones, o más. Tampoco se ve claridad en el estimativo de inversión que debe hacer el nuevo operador, $7.1 billón en 10 años, si no existe (nunca lo hicieron) un estudio de remodelación de redes.
Pasivo laboral errado
Resulta que Electricaribe nunca hizo un estudio actuarial, ni se preocupó por hacerlo o actualizar los distintos estudios actuariales de cada una de las electrificadoras obligadas anualmente a realizar los ajustes ordenados por ley.
Lo anterior lo afirmamos basado en un derecho de petición que le hicieran a Electricaribe en liquidación varias asociaciones de pensionados, cuya respuesta la recibieron en el mes de mayo de este año, donde la directora de Recursos Humanos dice que no existe estudio actuarial alguno y que tampoco los recursos por $700.000 millones que aparecen en el balance contable del 2015, rubro pasivo pensional, está fondeado, ni en bancos, ni en ninguna Fiduciaria. No existe un patrimonio autónomo para manejar esos recursos con destinación especifica (Anexamos documento).
En Otro aparte de la respuesta mencionada se manifiesta que contrataron un estudio que está en etapa de validación y verificación de la metodología.
También es cierto que los directivos de Electricaribe han venido incumpliendo las convenciones de trabajo vigentes, sin que la Superservicios diga nada, hasta el punto que cursan alrededor de 2.500 demandas laborales reclamando sus derechos los trabajadores.
Incluso, hoy hay sentencias que obligan a recocerle a los trabajadores sus derechos y el interventor, Javier Lastra, se niega a pagar. Esta actitud llevó a los trabajadores a entutelarlo para que cumpla, hasta el punto de seguir negándose y terminar preso varios días.
Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el rol de las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y la de Sociedades? ¿Acaso sobre ellas no descansa la obligación de supervisar a Electricaribe? ¿Cómo es posible que una empresa extranjera se burle de los trabajadores desconociendo puntos convencionales que tienen validez jurídica y además ponga en riesgo la tranquilidad de los trabajadores actuales y los pensionados al no constituir un patrimonio autónomo para apalancar esa obligación?
No hay duda que desde el año 1997, cuando se vendió el 65% de los activos de las antiguas electrificadoras de la región Caribe, y el comprador asumió el pasivo laboral y las convenciones de cada una de las empresas, los señores superintendentes no han cumplido con su función de vigilar y controlar a Electricaribe.
Todos, sin excepción, incluyendo a los regionales, son culpables de lo que acontece en Electricaribe (incumplimiento del pasivo laboral, convenciones e inversión en infraestructura) por permisivos e ineficaces en el desempeño de su cargo.
Por ello colegimos que la FDN, no es seria al afirmar e incluir en su pliego para el nuevo operador $1.3 billones como pasivo laboral, cuando al incluirse todo lo pactado en las convenciones pueden ser $2.5 billones, o más.
Tampoco vemos con claridad de dónde sacan la cifra de inversión que debe hacer el nuevo operador, de $7.1 billón, en 10 años, si no existe (nunca lo hicieron) un estudio de remodelación de redes que es el único que puede determinar con cierto grado de exactitud el monto a invertir en líneas de distribución y en subestaciones.
Esa cifra la sacaron del Plan Caribe 5, que tampoco tenía sustento.
Para finalizar, no creemos que el nuevo operador reciba como activo la cartera, cuando se sabe que por lo menos el 95% es incobrable.
Recuerden que los venezolanos no aceptaron la cartera y ésta quedó en manos de las electrificadoras en liquidación con funcionarios de la SSPD que hicieron hasta para vender con esa cartera y los activos que quedaron.
¿Mientras tanto, los organismos de control qué dicen? ¿Será que investigarán a los superintendentes?
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