*Opinion: Las opiniones expresadas en esta columna son personales y pertenecen exclusivamente al autor, sin reflejar necesariamente la postura editorial del medio o de sus empleadores/afiliados.
Mientras la pobreza muestra señales de descenso en varios países de América Latina —incluidos Colombia, México y Brasil—, en Argentina el experimento de Javier Milei avanza en dirección contraria, envuelto en un discurso de “libertad” que, para millones de trabajadores, se traduce en otra cosa: menos derechos, más incertidumbre y mayor concentración de riqueza.
La fórmula no es nueva, aunque se venda como revolucionaria. Se llama flexibilización laboral. Se disfraza de modernización. Y casi siempre termina igual: debilitando al trabajador mientras se fortalece al gran capital.
Milei insiste en que está liberando la economía. Pero lo que muchos argentinos empiezan a sentir en el bolsillo es que la única libertad que se expande es la libertad de precarizar.
La trampa semántica
El gobierno argentino repite una y otra vez el eslogan de “modernizar las relaciones laborales”. Suena técnico. Suena inevitable. Suena incluso razonable para quien no mira la letra menuda.
Pero cuando se raspa la superficie aparece la realidad: recorte de protecciones históricas, debilitamiento de la negociación colectiva y un marco normativo que inclina la balanza —otra vez— hacia los sectores empresariales con mayor poder de presión.
Durante décadas, los derechos laborales en Argentina no fueron una concesión graciosa del mercado. Fueron conquistas sociales. Fueron huelgas. Fueron conflictos. Fueron luchas.
Hoy, en nombre de la eficiencia, se pretende desmontar ese andamiaje como si fuera simple burocracia molesta.
El coro mediático
Mientras tanto, una parte significativa del aparato mediático argentino repite en bucle el concepto de la “industria del juicio”, como si el principal problema del mercado laboral fuera el exceso de trabajadores reclamando derechos y no la creciente precarización.
Es una jugada comunicacional clásica: convertir al trabajador en sospechoso.
Si reclama, exagera.
Si demanda, abusa.
Si se organiza, molesta.
El resultado es un clima de opinión funcional a la reforma: primero se erosiona la legitimidad del reclamo laboral; después se justifican los recortes.
La postal que incomoda
La imagen fue elocuente. Milei cantando en un evento cercano al entorno de Donald Trump y compartiendo escena con Viktor Orbán, mientras en su país avanzaba una de las reformas laborales más regresivas en décadas.
No es un detalle folclórico. Es una señal política.
Argentina se convierte, paso a paso, en vitrina de un modelo que combina ajuste interno duro con alineamientos internacionales cada vez más ideologizados.
El día que Argentina se detuvo
Y entonces llegó la respuesta social.
Paro general.
Calles vacías.
Comercios cerrados.
Aeropuertos paralizados.
Por más que algunos intentaran reducirlo a “pérdidas económicas del día”, el mensaje fue mucho más profundo: cuando el trabajo se detiene, la economía real se apaga.
Una verdad incómoda para el dogma ultraliberal que insiste en minimizar el papel del trabajo frente al capital.
El paro no fue solo protesta.
Fue pedagogía económica en tiempo real.
El efecto contagio
Lo preocupante es que el laboratorio argentino no se queda en Argentina.
En Chile, figuras como José Antonio Kast observan con simpatía este experimento, en un país que ya vivió —durante la dictadura de Augusto Pinochet— la aplicación más ortodoxa del manual neoliberal en la región.
La historia latinoamericana debería servir de advertencia: cuando las reformas laborales se diseñan exclusivamente desde la lógica del mercado, la factura social llega… y suele ser alta.
Colombia: el eco que ya empezó
Y mientras Argentina sirve de laboratorio, en Colombia empiezan a escucharse ecos preocupantes.
No es casual.
Los discursos viajan.
Las fórmulas también.
En el escenario electoral colombiano ya aparecen candidatos que intentan importar —casi calcado— el libreto de Javier Milei. Uno de los casos más visibles es el del aspirante Abelardo, quien ha construido su narrativa pública sobre la misma promesa de “sacudir el sistema”, reducir regulaciones y presentar al empresariado como la gran víctima del modelo actual.
El problema no es que se declare empresario. El problema es que, cuando se revisan con lupa los números y su trayectoria, la historia resulta bastante menos épica que el relato de campaña.
Diversos cuestionamientos públicos han puesto bajo la lupa el origen y la naturaleza de su actividad económica, así como su papel como defensor de personajes altamente controvertidos. Incluso, en el debate político y mediático han circulado señalamientos sobre su presunta relación indirecta con dineros vinculados al escándalo de la pirámide DMG, un episodio que aún pesa en la memoria financiera del país.
Nada de esto parece frenar la estrategia comunicacional.
Porque la apuesta es clara: replicar el molde libertario, simplificar el debate y vender la idea de que Colombia necesita —urgentemente— su propia versión del ajuste de choque.
Y aquí conviene encender las alertas.
Porque Argentina hoy no es una anécdota lejana.
Es un espejo adelantado.
Y Colombia haría bien en mirarlo con cuidado antes de aplaudir recetas que ya están mostrando —con nombre propio y en tiempo real— quién gana… y quién termina pagando la cuenta.
La fantasía conveniente
Parte del éxito político de Milei descansa en una ilusión poderosa: hacer creer a amplios sectores de la clase media y trabajadora que estas reformas están hechas para ellos.
Es la vieja narrativa aspiracional del capitalismo duro: convencer al asalariado de que, en cualquier momento, podría estar del otro lado del mostrador.
Que no es trabajador: es “emprendedor en potencia”.
Que no es vulnerable: es “empresario en pausa”.
Una fantasía políticamente rentable.
Pero socialmente peligrosa.
Lo que realmente está en juego
Argentina no discute solo una reforma laboral. Discute el modelo de sociedad que quiere ser en las próximas décadas.
Porque detrás de cada palabra técnica —flexibilización, modernización, desregulación— hay decisiones muy concretas sobre quién gana poder… y quién lo pierde.
Por ahora, el gobierno de Milei parece tenerlo claro.
La pregunta es si la sociedad argentina —y ahora también la colombiana— está dispuesta a pagar el costo completo de esa “libertad”.
