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Innombrable e intocable

Innombrable e intocable
agosto 06
17:58 2018
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¡Conspiración contra la CSJ! El despeñadero por el que ruedan todas las instituciones de la República de Colombia es profundo y en caída libre. Si fuere cierto todo lo que se dice o se insinúa en un aviso de página sobre la CSJ, entonces, apague y vámonos.

 

Opinión

Por: Octavio Quintero

Grupo GES

Ahora que se tensa al máximo el caso Uribe (innombrable para algunos), llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presunta manipulación de testigos, vuelve y juega una norma que en Colombia pasa por ser la más violada entre todas: la injuria y calumnia que envuelve, además, el falso testimonio.

Injuria, es el hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor y credibilidad; y calumnia, es la acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle.

En Colombia, el Código Penal (ley 599 de 2000), dispone en sus artículos 220 y 221, penas hasta de 6 años y multa hasta de 1.272millones de pesos a quienes incurran en el delito de injuria y calumnia.

La opinión pública está sorprendida con el tejemaneje jurídico, político y personal que los principales protagonistas de este caso específico le han dado al asunto. Hablamos, entonces, del expresidente Uribe; el senador Iván Cepeda; los testigos Juan Guillermo Monsalve y el Tuso Sierra; y la propia Corte … Un día dicen una cosa, otro otra, y al vaivén de sus declaraciones cotidianas y de la filtración de piezas procesales, rueda la prensa, se agita el debate político y se convierte el Código Penal en papel higiénico.

El sumun, al menos de momento, lo puso un aviso de página de ayer domingo 05/08, con más de mil firmas en defensa del expresidente Uribe, en el que se descalifica a los tres magistrados de la CSJ que instruyen el caso: José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, aviso suscrito entre otros, no porque sea el personaje más importante sino el de más alta representación institucional en este momento, Ernesto Macías, actual presidente del Congreso.

Todo el mundo, los que no entienden ni mu de cuestiones legales y los que entienden también, se preguntan ¿por qué, personajes tristemente célebres como los penados Monsalve y Sierra, pueden decir en torno al caso Uribe, hoy una cosa y mañana otra, sin que caigan sobre ellos consecuencias derivadas de un presunto delito sobre injuria, calumnia y falso testimonio?

Con la misma inquietud se pregunta ¿cómo hacen ciertos periodistas para tener acceso a informaciones muy confidenciales, algunas amparadas bajo el derecho al debido proceso, sin que nadie los llame a cuentas?

En su artículo 222, el Código Penal contiene lo que llama, “injuria y calumnia indirectas” y, establece que (…) “a las penas previstas en los artículos anteriores (220 y 221) quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante”.

Haciendo una primera reflexión hasta aquí, no se necesita de ninguna reforma para acabar con la justicia espectáculo que se ha montado en Colombia, dentro de la cual, los casos más espectaculares se resuelven a punta de injurias, calumnias y falsos testimonios, todo esto adobado con titulares de prensa o, como en este último caso, con avisos de página que mancillan la probidad de unos altos magistrados.

Abisma que, en un estado democrático, el propio presidente electo salga públicamente a respaldar a un indiciado, absolviéndolo de antemano, presionando a los jueces y alentando indirectamente a la opinión pública a asumir una actitud similar a la suya. La diferencia entre la declaración de Duque en favor de Uribe hace unos días, frente al aviso de página de ayer, es solo que la primera fue “free press” y el aviso fue pago.

Eso fue un sutil ataque a la institucionalidad. Pero el ataque de ayer, al estar suscrito por el presidente del Congreso, no solo contiene presumible injuria y calumnia, sino visos de conspiración. En un Estado respetable, este señor debiera ser conminado a rectificarse.

Pero, para el caso, lo primero que debiera darse es una natural reacción de los propios magistrados cuestionados: ¿Lo harán? Aparecerá alguien que, ley en mano, empiece por llamar a cuentas a todos los perjuros de este país, ¿empezando por el propio presidente de la República? ¿Podremos esperar que algún día se termine la justicia espectáculo de malandrines con cuentas pendientes burlándose de la justicia, diciendo hoy una cosa y mañana otra?

Si me lo preguntan a mí, creo que estamos lejos; y si me apuran, creo que el despeñadero por el que ruedan todas las instituciones de la República es profundo y en caída libre. Y creo, finalmente, que este nuevo editorial sobre la alcahuetería de la injuria, la calumnia y los falsos testimonios en Colombia, no pasará de ser un ingenuo saludo a la bandera: uno más.

AVISO CONTRA LA CORTE 

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