La ideología tributaria también debiera tumbar ministros. El famoso debate sobre “ideología de género” tumbó a la carismática ministra de educación en el Gobierno Santos, Gina Parodi… El mismo tema impulsó el triunfo del NO en el plebiscito por la paz. Fueron dos sucesos políticos que, donde vuelvan a presentarse, volverán a encender los ánimos lo mismo que antes…
Opinión
Por: Octavio Quintero
Grupo GES
Sus estragos sobre la sociedad no son, ni de lejos, comparables a la ideología que permea el modelo económico colombiano. Se nos trata de vender la idea de que los tecnócratas que la diseñan y aplican, son apolíticos: ¡falso! Tanto la orientación de la economía en general, como los impuestos en particular, reflejan el sempiterno debate entre la derecha y la izquierda, esa dicotomía de la que habla Bobbio y que algunos célebres políticos colombianos, como el expresidente Uribe y el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, niegan hoy en día su existencia.
En materia tributaria, por ejemplo, la lucha ideológica ubica a la izquierda a los grupos políticos que propugnan por los impuestos directos, que gravan menos a los que tienen menos; mientras que los grupos políticos de derecha, impulsan los impuestos indirectos –como el IVA-- que gravan por igual a todas las personas, sean pobres o ricas. También, la ideología de izquierda, defiende los impuestos progresivos y directos que gravan más a los más ricos; y la ideología de derecha apoya impuestos regresivos e indirectos que benefician a los más ricos.
El tema, desarrollado ampliamente en la RED-GES por el jurista, Jaime Araujo, habitual colaborador nuestro, viene al caso en momentos en que se calienta el debate en torno a la nueva reforma tributaria esbozada por el Gobierno Duque.
Cosecha tributaria
En estos últimos meses del año en todos los países del mundo democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben ponerse de acuerdo para proyectar presupuestalmente al Estado hacia el año siguiente. Es el momento de discutir la distribución de los impuestos entre la sociedad.
En estos momentos en Colombia, por ejemplo, el Ministro de Hacienda tiene en ascuas a las clases medias y bajas porque ha hecho pública la intención de extender el IVA del 19% a todos los productos de la llamada canasta básica, aquella que contiene los artículos imprescindibles a todo ser humano, independientemente de que sea rico o pobre.
Y, de contera, la propuesta tributaria del Gobierno, que reveló que su antecesor le dejó un presupuesto desfinanciado en por lo menos 25 billones de pesos (USD 8.400 millones, aprox.), se complementa con la intencionada búsqueda de personas que, supuestamente, no tributan acorde con sus rentas de trabajo, al tiempo que sostiene la aplaudida promesa a los empresarios de reducir los impuestos a las rentas de capital, bajo el supuesto de que por esa vía, las empresas responderán, motu proprio, con generación de empleo.
Esta hipótesis nunca ha sido demostrada en ninguna parte, pero en la pseudoteoría neoliberal de gobiernos capturados por el poder económico, se aplica a rajatabla en sus periódicas reformas tributarias “estructurales”.
No solo no se logra generar más empleos, sino que la fórmula de elevar los impuestos a las rentas de trabajo y reducir la tributación de las empresas, provoca ipso facto una redistribución del ingreso profundamente regresiva e inequitativa entre propietarios y capitalistas, por un lado, y asalariados, por el otro, generando, eso sí, una mayor desigualdad, en un país que ya ocupa en este campo el primer lugar en Latinoamérica y el tercero en el mundo.
En un país como Colombia, en el que hasta la misma Corte Constitucional le tuerce el pescuezo a la constitución para amañar sus fallos en favor del Gobierno de turno, no resulta raro tampoco que la política tributaria marche al revés de lo que se predica en la Carta:
En efecto, el artículo 363 establece que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad…”. Pues, resulta que no hay nada más inequitativo en Colombia que los impuestos, en los que se puede observar a simple vista la presencia de cargas excesivas frente a beneficios exagerados entre los contribuyentes; ni más ineficiente que la recaudación tributaria, medida por su alta evasión, ni más regresivo que los impuestos indirectos (IVA) que no gravan la renta sino el consumo.
En síntesis, la política tributaria que impera en Colombia es inconstitucional: así de simple.
Equidad tributaria
La teoría económica define la equidad tributaria como el criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios, o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar que haya cargas excesivas sobre unos, o beneficios exagerados a otros. A esto también se le conoce como justicia social, y se define como el tratamiento desigual que una política tributaria, equitativa, eficaz y progresiva, debe dar a desiguales.
En términos de equidad, resulta iluminante el estudio recientemente divulgado en El Espectador por Luís Álvaro Pardo, economista vinculado a la Red de Justicia Tributaria en el que revela que (…) “aunque en el papel, las empresas petroleras y mineras deben pagar el 25% sobre sus ganancias, luego de una serie de beneficios legales, apenas pagan un 2%”.
La cronista del periódico que editó la noticia, María Paulina Rubiano, dijo que ni el Ministerio de Hacienda ni la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), quisieron dar explicaciones al respecto, en cuyo caso, su silencio avaló la apabullante inequidad que permea el sistema tributario en Colombia.
Progresividad tributaria
El otro fundamento del sistema tributario prescrito en la constitución, también es “un saludo a la bandera”. Según la teoría económica, la progresividad es el principio que define el impuesto en función creciente de la base imponible: esto es, a medida que crece el patrimonio de los contribuyentes, crece su tributo al Estado. Esto sería algo así como, de cada quien, según sus capacidades”.
Pues, tampoco… En la misma crónica de la periodista, María Paula, se revela que El Espectador tuvo acceso a la declaración de renta de la multinacional Drummond del año 2014 en que la empresa metió tantas deducciones que, al final, el Estado le quedó debiendo 3.193 millones de pesos: ¡Hágame el favor!
Eficiencia tributaria
Por último, el tercer fundamento del sistema tributario no puede ser más controvertido, que por su misma impunidad y corrupción.
Recientemente se desveló una red de mandos medios de la DIAN dedicada a vender facturas falsas a las empresas para disminuir su base gravable. Tras la bomba informativa (marzo 15 de 2016), no se ha vuelto a saber nada más… Tal vez, los funcionarios corruptos fueron despedidos, y las empresas involucradas siguen impunes y amparadas por el anonimato, en busca de nuevos funcionarios para corromper.
Más escandalosa es la evasión fiscal, un delito por el que nadie ha ido a la cárcel en Colombia hasta el momento… Un delito más grande, en términos económicos, que la corrupción.
A oídas se habla de que la corrupción se apodera anualmente, al menos del 10% del presupuesto nacional, es decir, unos de 20 billones de pesos… Y, en cambio, la evasión está plenamente establecida. Solo en el impuesto del IVA, la evasión bordea los 30 billones de pesos, cifra revelada por el propio director de la DIAN del anterior gobierno, Santiago Rojas.
Todo lo que se estima en recaudo por impuesto, a cifras del año pasado, se tasaba en 140 billones y, en el mismo año, la evasión se calculó en 58 billones de pesos. Y sobre el escandaloso delito de evasión, se debe sumar la elusión, otra forma de robarle impuestos al Estado, pero en forma legal.
En resumen, la política tributaria colombiana renuncia al mandato constitucional de equidad, eficiencia y progresividad, y, en cambio, en los tres fundamentos, hace todo lo contrario: es inequitativa, ineficiente y regresiva.
Y solo la denuncia periodística condena este estado de cosas. No ha habido ningún abogado ni veeduría ciudadana que se atreva a demandar la inconstitucionalidad del sistema, al menos para ver el tamaño del conejo que sacarían del sobrero, los magos jurídicos que dominan hoy en día las decisiones politizadas de la Corte.
Desde el desayuno…
El buen paisa que se conserva en el ADN del presidente Duque, lo lleva a valerse de dichos que son corrientes en la jerga de los antioqueños, p.ej., “Desde el desayuno se sabe lo qué va a ser el almuerzo”.
Nada tan patético como el nombramiento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un alcabalero de ingrata recordación en su paso por ese mismo ministerio en el Gobierno de Uribe, ahora graduado de sub júdice por su vinculación al escándalo internacional de los paraísos fiscales conocido como “Panama paipers”… Y así se quedará porque las autoridades colombianas, al parecer, también renunciaron a seguir el curso de la investigación dado la calidad de los implicados, donde sobresalen hasta prestigiosos periodistas como el director de Caracol Radio, Darío Arismendi.
Y, por si fuera poco, el ministro Carrasquilla decide hacerse acompañar desde el corazón tributario del Estado, la DIAN, por José A. Romero, socio del área de impuestos de una organización corrupta como Brigard Urrutia cuyo principal gestor, Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a la embajada en Washington tras el debate político que desvelo su participación en la apropiación de baldíos en el departamento del Vichada en provecho de terceros.
¿Qué se puede esperar de la próxima reforma tributaria? No, pues, si el nuevo estatuto está siendo redactado por manos tan “pulcras”, y pasará a la aprobación de manos tan “pulcras” como las que se levantan en el Congreso, se puede colegir que los mismos seguirán llevando del bulto.
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