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Investigan libertad de implicados en carrusel de contratación de Bogotá

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La Fiscalía comenzó a inspeccionar todo lo relacionado con las decisiones que dejaron por fuera de prisión a algunos de los responsables de la defraudación en los contratos bajo la administración de Samuel Moreno Rojas. Desde la Procuraduría se conocieron reacciones igualmente fuertes.

 

Para las dos entidades no es clara la argumentación de los juzgados 1 y 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla, que otorgaron beneficios a los señalados de ser los principales responsables de una de las mayores defraudaciones a Bogotá.

En criterio de los investigadores, los administradores de justicia no habrían observado en toda su dimensión los requisitos exigidos por ley para la concesión del beneficio de libertad condicional.

Una comunicación de la Fiscalía advierte: “Específicamente no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal, por tal razón la Fiscalía ha resuelto escuchar en diligencias de interrogatorio a los servidores públicos que concedieron beneficios a los condenados en el carrusel de la contratación”.

Se refiere en concreto a las decisiones, hoy motivo de nuevo escándalo de corrupción en el país, que dejaron por fuera de prisión a Emilio José Tapia Aldana, Guido Alberto Nule Mariño y Mauricio Antonio Galofre Amin, “responsables de afectar las finanzas públicas en Bogotá dentro del caso conocido como ‘Carrusel de la Contratación’, y cuya defraudación superó los 500 mil millones de pesos, afectando gravemente el desarrollo del país”.

El prontuario de ellos la Fiscalía los resumen así:

El papel de los implicados en el escándalo de corrupción:

Guido Alberto Nule Mariño

Era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule. En su contra existen dos sentencias condenatorias; una a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación.

La segunda a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Emilio José Tapia Aldana

Era el intermediario de recibir y entregar las coimas al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván.  Tapia tiene en su contra tres condenas. La primera a 42 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir; la segunda, a 8 años y 2 meses de prisión por cohecho propio como interviniente e interés indebido en la celebración de contratos; y la tercera, a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente tiene 4 investigaciones en curso.

Mauricio Antonio Galofre Amin

Era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Tiene dos condenas en su contra. La primera a 11 años y 9 meses por el delito de peculado por apropiación; la segunda, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

El próximo 18 de enero se llevará a cabo en Valledupar, la audiencia de verificación de allanamiento falsedad en documento privado.

Procuraduría

Por su parte el Jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, entregó pronunciamientos “muy fuertes” en torno a las decisiones adoptadas por los jueces que tienen esos casos en sus manos.

Condenados por corrupción cometieron un grave atentado contra la sociedad y no tienen derecho a beneficios de libertad: Procurador”, indicó al abrir un comunicado oficial entregando apreciaciones al respecto; en seguida advierte que apeló la orden de libertad para Gudio Nule.

“La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que dejó en libertad de Guido Alberto Nule Marino, sin valorar la gravedad de delito cometido y sin que el procesado haya indemnizado directamente a las víctimas del llamado carrusel de la contratación en Bogotá”, precisa.

En consideración del señor Carrillo Flórez el juez debió valorar más allá del cumplimiento formal que exige la ley para conceder la libertad, “que en este caso fue de las tres quintas partes de la condena a 21 años impuesta a Nule Marino,  la gravedad de los daños que ocasionó este  peculado por apropiación agravado, como sí  lo hicieron el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia”.

Recordó que para este caso el Tribunal incrementó la condena de 90 meses a 14 años, 11 meses y 15 días de prisión e impuso una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado y ejercer funciones públicas.

Simultáneamente la sala Penal fijó la sentencia en 19 años, 5 meses y 11 días y decretó el pago de una multa de más de 13 mil millones de pesos.

“No es lo mismo una apropiación pequeña de los recursos del Estado, a una que supera los miles de millones de pesos, que como en el presente caso asciende según afirmación del ente acusador a una suma de CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS, como valor indebidamente apropiado y según informe de la víctima representada por la Contraloría General de la Nación, a una suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS, los que a la fecha no han sido reintegrados”, insiste la Procuraduría.

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