Mientras el gobierno observaba como positivo el fallo de la Corte Constitucional dejando sin efecto los resultados de las consultas populares sobre trabajos mineros a gran escala, el Congreso, sectores y algunas autoridades ambientales lo mismo que la sociedad civil comenzaron a buscar herramientas que anulen lo decidido por el alto tribunal.
En efecto parlamentarios emprendieron campaña y análisis encaminados definir instrumentos que revivan el plebiscito como herramienta que determine si se permite o no exploración minera en los territorios municipales.
La mañana de este viernes algunos legisladores comprometieron esfuerzos en procura de concertar estrategias con todos los sectores de la sociedad y organizaciones civiles.
Casi de forma simultánea a estos pronunciamientos el Ministerio de Minas comentó que lo decidido por la Corte Constitucional va a permitir “incentivar la inversión y reactivar el desarrollo social y económico que representa la industria minero-energética para el país”.
Agregó que la sentencia en cuestión es una señal importante para la seguridad jurídica para el sector y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana.
Por su parte la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, ASOCARS, consideró que lo sucedido se constituye en un “posible retroceso” restringe las consultas populares mineras.
Hoy los resultados de las consultas populares convocadas para que la ciudadanía decida sobre explotación minera en sus territorios, no son de obligatorio cumplimiento y será el gobierno central quien determine si las acoge o no.
Así, salvo efectos políticos, la realización de esos plebiscitos literalmente perdieron toda razón de ser. (Ver: Suerte del Páramo del Sumapaz queda en manos del Gobierno Nacional )
En Fusagasugá y San Bernardo, Región del Sumapaz, Cundinamarca, se tiene programado desarrollar consultas populares mineras el domingo 21 de este mes.
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