La Procuraduría comenzó a buscar los responsables de que las empresas de energía y gas hayan incrementado injustificadamente los costos en esos suministros.
Indaga dentro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, en donde, estima, podrían existir funcionarios que consintieron los aumentos en los servicios de energía y gas principalmente.
“El Ministerio Público busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social”, señala el organismo de vigilancia.
De la misma forma “busca determinar si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el covid-19”.
Para ello la Procuraduría entró a realizar pruebas encaminadas a ubicar los funcionarios que, eventualmente, pudieron incurrir en falta de sus responsabilidades como, parece, ocurrió en estos casos.
Según hizo saber el Ministerio Público, las principales molestias ocurren contra las empresas de energía en Cundinamarca, particularmente en las provincias del Sumapaz, Gualivá y Guavio. 
