Se presenta la inquietud en medio de creciente malestar por inapropiado manejo de políticas y dineros oficiales hacia el renglón primerio de la economía colombiana.
La Contraloría General no tiene claro el destino de $17 mil millones, confiados al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario y al Fondo Agropecuario de Garantías.
Esas dudas corresponden al ejercicio adelantado por el par de entidades gubernamentales que tienen que ver con el desarrollo del sector rural, durante la vigencia del año pasado.
“Las indagaciones preliminares (…) determinaron en 3 casos: uno de venta de cartera a CISA, otro por el no recaudo por garantía y, uno más, por el pago de una sanción por extemporaneidad en la presentación de una declaración de IVA del FAG (asumido por FINAGRO)”.
Ante ese escenario la CG abrió indagación preliminar con el propósito de aclarar dudas sobre operación con el “Contrato Interadministrativo de Compraventa de Cartera 109, celebrado entre el Banco de Bogotá, FINAGRO y la Central de Inversiones S.A. (CISA)”.
La operación permitió la venta de 2.876 obligaciones que tenían un saldo total a capital de $16.885 millones. “CISA pagó por dicha cartera la suma de $98 millones, es decir, el equivalente al 0,58% del valor del saldo total, del cual el FAG recibió $72.9 millones”, insiste la Contraloría General.
El reporte oficial destaca los siguientes aspectos:
- El proceso de venta de cartera a CISA, aprobada en acta de Comité Técnico 327 de mayo 1 de 2020, no atendió a los lineamientos legales y de procedimiento adoptados por FINAGRO.
- Tampoco se evidenció una valoración de la cartera para la determinación del valor de la compra de dichas obligaciones.
- En el 71% de las obligaciones, es decir 2.029, no se evidencia gestión previa para impulsar los procesos judiciales y evitar el riesgo de prescripción. Y no hubo seguimiento de la misma por parte de FINAGRO a los intermediarios financieros.
- Un total de 1.810 obligaciones vendidas cumplirían con el tiempo para su prescripción antes del 31 de diciembre de 2019 y otras 55 entre el 1 de enero de 2020 al 1 de mayo de 2020, fecha en la que se llevó a cabo el Comité Técnico en el cual se aprobó la venta de la cartera, como se registra en el Acta 327 de 2020. Esto evidencia una ausencia de seguimiento o una reacción inoportuna.
Además, de acuerdo al mismo reporte, FINAGRO no gestionó el recaudo del 100% del valor recuperado por el Banco Agrario de Colombia, correspondiente a una garantía pagada en el marco de un proceso de restructuración empresarial.
“El 7 septiembre de 2020, el BAC recibió el pago por valor de $3.000 millones en cumplimiento a la reforma del acuerdo aprobada por la Superintendencia de Sociedades”, dice.
Aclara y subraya: “Sin embargo, el BAC consignó al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) el 5 de noviembre de 2020 la suma de $2.870.5. millones, desconociendo lo señalado en el Manual de servicios de FINAGRO”.
Se refiere a que no puede existir preferencia a favor del intermediario financiero en relación con las sumas recaudadas del deudor, el cual, por ser una garantía con cobertura del 100%, la totalidad de los recursos debían ser consignados a favor del FAG.
“En este caso FINAGRO debió exigir al BAC el pago total de lo recaudado y no aceptar el faltante de $129.452.111, valor respecto del cual se dará inicio de una indagación preliminar”, reitera.
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