Por: Luis Hurtado

De acuerdo a una averiguación que adelantó la Contraloría Nacional, el ICBF tenía matriculados a más de 15 mil muertos que recibían beneficios de alimentación. 

A través de una investigación rigurosa y exhaustiva, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General, logró identificar 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del COVID-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.

Según precisó el organismo de control, se encontraron más de 28.000 raciones entregadas a más de 15.000 beneficiarios, en situación de irregularidad.

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Lo particular de este caso es que cuando se buscó confirmar la destinación del beneficio a través del documento de cada niño, se constató a través del comprobante de identidad expedido por la Registraduría Nacional, que los mismos responden a registros de fallecidos.

La investigación puntualizó situaciones como la ocurrida en Chimichagua, departamento del Cesar, donde presuntamente una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas de ese municipio.

Así mismo, se encontró otro niño registrado en Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.

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En varios departamentos, tutores de menores que recibieron raciones, tienen múltiples beneficiarios. Esto llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.

En total, son 15.580 acudientes los que aparecen reportados como fallecidos y que estaban dentro de los datos de beneficiarios del ICBF.