La solicitud de investigación disciplinaria y fiscal fue elevada por los concejales Marcela Alvarado Herrera y Gabriel Escobar Cruz, como consecuencia de una serie de denuncias sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito entre ese despacho y la firma Trafic and Transit Tecnology, asunto que fue ventilado en sesión de control político en el colegiado municipal hace pocos días. Como en su momento fue advertido la citada empresa aparentemente está siendo favorecida en un convenio el cual le deja recursos por el orden de los 5 o 6 mil millones de pesos anuales, los cuales deberían estar ingresando a las arcas de la ciudad para desarrollar obras de diverso orden entre ellas aquellas de alto contenido social. (Ver: El “multimillonario” negocio particular montando en Movilidad de Fusagasugá. )
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