Un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) analiza el actual panorama electoral en torno a las candidaturas al Congreso de la República, destacando a 195 aspirantes cuyos perfiles presentan distintos tipos de observaciones. La organización, enfocada en el seguimiento a dinámicas políticas y sociales, expone en su reporte factores de alerta asociados a procesos judiciales en curso, investigaciones fiscales y disciplinarias, así como la cercanía de ciertos candidatos con estructuras políticas regionales de carácter clientelar.
El estudio, producto de una revisión detallada de 3.144 listas inscritas para el Senado y la Cámara de Representantes ―incluyendo circunscripciones especiales―, evidencia la presencia de una proporción destacada de aspirantes señalados por diferentes razones. Según Pares, estos 195 casos concentran cuestionamientos relativos a antecedentes judiciales, nexos con núcleos familiares de poder y relaciones con grupos que han tenido permanente representación en varias instancias de la administración pública.
En el desglose de género, la Fundación reporta que el 74,87% de quienes figuran en la lista bajo observación son hombres y el 25,12% mujeres. Por nivel de aspiración, 78 buscan una curul en el Senado, 111 en la Cámara de Representantes y 6 hacen parte de candidaturas de circunscripciones especiales (Citrep, Afro e indígenas). Este balance muestra una continuidad en las tendencias históricas de predominio masculino entre quienes acceden a los primeros lugares de las listas cuestionadas.
El análisis incluye además una clasificación por partido político y señala que cuatro grupos concentran el 60,5% de los casos totales: el Partido Liberal presenta 33 candidaturas bajo observación, seguido por el Partido Conservador con 32, el Partido de la U con 29 y Cambio Radical con 25. La suma de avales únicos y en coalición incrementa la incidencia de estas colectividades tradicionales en la participación de aspirantes con algún señalamiento.
Uno de los ejes centrales del informe es el peso de los clanes políticos denominados “estructuras clientelares”, una figura persistente en la política regional y nacional. Se identifica que 78 de los 195 candidatos observados tienen conexiones con familias o grupos de poder regional que, de acuerdo con el diagnóstico de Pares, han mantenido influencia constante a través de la concentración de cargos, especialmente en alcaldías, gobernaciones, órganos de control y cuerpos colegiados. Estas organizaciones familiares suelen adaptar sus estrategias electorales para conservar o incrementar espacios de representación en el Congreso.
La radiografía de la Fundación destaca el arraigo de estos grupos en el Caribe y otras regiones. Por ejemplo, el clan Char en Atlántico suma cinco respaldos para el Senado, mismo número que para la Cámara de Representantes en la región. Otros nombres sobresalen en Córdoba, con los grupos asociados al exsenador Musa Besaile y ‘Ñoño’ Elías, y el grupo Pineda-García. En Tolima, el clan Barreto cuenta con dos aspirantes, y en Valle del Cauca, el entorno de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro también figura con igual número de postulaciones. La región de Antioquia suma tres candidaturas del clan Suárez Mira para la Cámara, mientras que el clan Díaz Mateus de Santander y el emergente clan Hurtado de Tolima completan la lista de casas políticas con incidencia en las nominaciones actuales.
La distribución territorial de los candidatos observados abarca 28 departamentos y el distrito capital, lo que significa una dispersión considerable en todo el país, reflejando la extensión de la dinámica clientelar y de nexos familiares en la estructura electoral. La mayor concentración se localiza en seis departamentos, que agrupan el 45% del total de candidaturas bajo análisis: Antioquia (9), Atlántico (9), Santander (9), Bolívar (8), Cesar (8) y Bogotá (7). Este patrón geográfico ubica al centro y norte del país como epicentros de las candidaturas cuestionadas para la Cámara de Representantes, según la información revelada por la fundación.
Al profundizar en los criterios empleados para la inclusión de nombres en la lista, Pares detalla que considera la existencia de investigaciones judiciales activas, procedimientos fiscales abiertos, indagaciones disciplinarias en curso, además de relaciones demostradas con clanes políticos clientes o acercamientos a estructuras burocráticas que puedan distorsionar la transparencia del proceso electoral. Este conjunto de parámetros busca proporcionar una visión integral de las condiciones que rodean la postulación de los aspirantes.
Entre los datos aportados, destaca que no todos los señalados tienen necesariamente un vínculo directo con clanes políticos. Si se compara el Senado y la Cámara, para el primero de estos cuerpos legislativos 33 de los 78 candidatos cuestionados se relacionan con clanes, mientras otros 45 no tienen ese tipo de conexión. Para la Cámara, la cifra es de 45 con vínculos y 66 sin ellos, lo que evidencia que la mayor cantidad de aspirantes bajo la lupa provienen de estructuras fuera de los nexos familiares tradicionales, aunque estas representen un porcentaje importante.
En el mapa de regiones identificadas con mayor presencia de candidatos observados, Antioquia, Atlántico y Santander comparten el primer lugar en cuanto a nominaciones en la Cámara, con 9 cada uno. Bolívar y Cesar cuentan con 8 casos y Bogotá con 7, según los datos entregados por la Fundación Pares. Este tipo de información permite dimensionar el alcance de las observaciones y la representatividad departamental en el escenario electoral vigente.
Por último, el informe de la Fundación Pares sitúa al Partido Liberal como el que mayor cantidad de aspirantes con observaciones acumula este año, seguido estrechamente por el Partido Conservador. Estos partidos históricos mantienen una visibilidad relevante dentro del contexto de candidaturas en revisión. Con este monitoreo, se facilita el acceso a información relevante para un análisis más profundo sobre el comportamiento electoral y político en el país, mediante datos actualizados sobre la relación entre aspirantes, partidos y grupos de poder en diversas regiones de Colombia.
