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Viva Air inicia sus vuelos internacionales cargada de multas y demandas

por: Luis Hurtado

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A dos días de realizar su primer vuelo internacional, desde Medellín (Colombia), hasta Miami (Estados Unidos), Viva Air (Fast Colombia S.A.S), empresa responsable de inaugurar el trasporte aéreo después de largas restricciones pandémicas; ya empieza a flaquear con 23 denuncias presentadas por usuarios ante la Superintendencia de Transporte.
Según información revelada por la Delegatura de Protección a los usuarios, la compañía de transporte estaría vulnerando el derecho a la libre elección del servicio, con la inclusión de cláusulas que podrían resultar abusivas en los términos y condiciones señalados para la redención o cambio de los voucher y por reembolsos de servicios no utilizados. De acuerdo al pronunciamiento del Superintendente, Camilo Pavón Almanza, usuarios del sector aéreo han presentado 1,607 PQRS relacionadas con asuntos acaecidos por la pandemia del COVID-19, de las cuales 381 han sido en contra de Fast Colombia S.A.S. Al parecer existen cargos relaciónalos a restricciones por parte de la aerolínea, que impone a los usuarios puedan redimir el voucher solo una vez. En contexto eso representaría que si al usarlo, se hace por un valor menor a la compra del tiquete inicial, el viajero pierde el saldo restante.
Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “nuestro país hizo un esfuerzo en adoptar medidas durante la pandemia, incluyendo la posibilidad de entregar a los usuarios vouchers en lugar de dinero cuando fuera procedente un reembolso. Ahora, en cumplimiento de la ley y de los lineamientos fijados desde Naciones Unidas, la SuperTransporte actuará cuando se evidencien posibles prácticas abusivas contra los usuarios y consumidores”.
En caso de ser encontrada responsable, la sociedad en mención podría ser multada hasta con dos mil (2000 SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada cargo imputado, una vez se agote el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente como garantía de los derechos de defensa y contradicción de la investigada.