El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dejado en claro la necesidad de garantizar el pago oportuno de los subsidios destinados a sufragar el consumo de energía eléctrica y gas para los hogares en situación de vulnerabilidad. Esta medida busca asegurar el acceso a servicios públicos esenciales para los sectores económicos más desfavorecidos de la población.
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La orden judicial establece un plazo estricto de 10 días para que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía inicien las acciones necesarias para cumplir con este compromiso. La determinación se orienta a cubrir los consumos en hogares de los estratos 1, 2 y 3, así como en zonas rurales donde residen familias de menores ingresos.
De acuerdo con la autoridad judicial, el cumplimiento de esta medida resulta vital dentro del marco de los servicios públicos domiciliarios, especialmente considerando la importancia de garantizar condiciones básicas de vida a los hogares más vulnerables. La disposición tiene vigencia para los años 2024 y 2025, asegurando continuidad en la prestación de estos servicios.
La entidad judicial precisó que, dentro de la responsabilidad de cada ministerio, se deben coordinar esfuerzos para movilizar los recursos de manera efectiva, atendiendo de forma simultánea las necesidades energéticas de las poblaciones vulnerables del país. Esta estrategia se plantea como mecanismo para evitar interrupciones en la prestación de servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
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