La muerte del cicista Alberto Ramiro Bulla en Cundinamarca no es solo una estadística más de siniestralidad vial. Se ha convertido en un caso que simboliza la búsqueda de justicia frente a lo que su familia denuncia como impunidad y desprotección en las carreteras de Cundinamarca. Bulla falleció el 10 de enero de 2026 en un centro médico de Bogotá, después de una lucha de varias semanas en cuidados intensivos.
El deportista, apasionado del ciclismo, sufrió el accidente el 20 de diciembre de 2025 en la vía que conecta a Tabio con Tenjo, un tramo frecuentado por deportistas los fines de semana. Según el relato reconstruido por su hija, el incidente ocurrió cerca de las 5:10 a. m., cuando una camioneta lo impactó mientras realizaba su entrenamiento matutino.
La familia ha señalado públicamente a un excandidato a la Alcaldía de Tabio como el presunto responsable del atropellamiento. En declaraciones a medios, han descrito un escenario que va más allá de un simple accidente, adentrándose en lo que consideran una falta grave a los principios más básicos de humanidad y ley.
Cundinamarca: La acusación de omisión de socorro
El núcleo de la indignación familiar no se centra únicamente en el impacto inicial. La denuncia pública sostiene que los ocupantes del vehículo involucrado, presuntamente, no se detuvieron a prestar auxilio a Bulla, quien quedó tendido y gravemente herido en la carretera.
"Mi padre no murió en el acto. Su deterioro fue progresivo, y cada minuto sin atención fue crucial. Quienes iban en ese carro lo dejaron ahí, solo, en la oscuridad de la madrugada", declaró entre lágrimas la hija de la víctima. Por esta razón, la familia ha pedido a las autoridades que investigue el caso no solo como un accidente de tránsito, sino también bajo la figura de omisión de socorro, un delito tipificado en el código penal.
Fueron habitantes del sector quienes, al encontrar a Bulla, alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo. Ellos realizaron el traslado inicial al hospital municipal, desde donde fue referido a una clínica de alta complejidad en Bogotá. La familia también asegura haber enfrentado obstáculos burocráticos para acceder a los videos de las cámaras de seguridad de la zona, lo que habría retrasado la investigación.
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La contraparte: negaciones y citación a fiscalía
Por su parte, el señalado, identificado como Rolando González Eligio, ha salido al paso de las acusaciones para negar cualquier responsabilidad en el hecho. A través de un comunicado de su abogado, González afirmó estar dispuesto a colaborar con la justicia y aclaró que, tras una consulta formal, se le informó que no existía una investigación formal en su contra o contra sus vehículos.
Sin embargo, en una aparente contradicción, confirmó que fue citado a la Fiscalía Seccional de Funza el pasado 23 de enero para rendir una versión libre sobre los hechos. "Acudiré a esa citación con la verdad por delante. Confío en que las autoridades esclarezcan lo sucedido y demuestren mi no participación", declaró González a un medio local.
Este lamentable caso pone de relieve los riesgos permanentes a los que se enfrentan los ciclistas en las carreteras departamentales, donde la convivencia entre vehículos motorizados y usuarios vulnerables suele ser tensa y peligrosa. Ocurre, irónicamente, en un momento en que el Distrito de Bogotá reporta avances en la seguridad para ciclistas dentro de su jurisdicción, con una reducción del hurto de bicicletas. La tragedia de Alberto Ramiro Bulla es un amargo recordatorio de que la seguridad vial es un desafío regional que requiere corresponsabilidad, respeto a las normas y, sobre todo, humanidad en medio de la tragedia.
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