La Procuradur铆a General de la Naci贸n ha confirmado una sanci贸n que se cierne sobre la gesti贸n p煤blica en Colombia. Se trata del caso de Walfrando Adolfo Forero Bejarano, antiguo mandatario de Tocancip谩, quien gobierna su jurisdicci贸n desde el inicio de su periodo en 2016 hasta el 2019. Esta sanci贸n llega luego de determinarse un incremento patrimonial injustificado en su contra, cifrado en 951 millones de pesos, lo que ha llevado al organismo de control a imponer una destituci贸n e inhabilidad para ejercer cargos p煤blicos por un lapso de diez a帽os y seis meses.
Los detalles del caso resaltan que el enriquecimiento detectado tuvo lugar entre los a帽os 2016 y 2018, coincidiendo con las fechas de su administraci贸n. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores P煤blicos de Elecci贸n Popular, en fallo de segunda instancia, ha se帽alado la insatisfactoria justificaci贸n de dicho incremento por parte de Forero Bejarano y su entorno familiar directo.
Las pruebas contables que el exalcalde suministr贸 fueron analizadas detenidamente por peritos de la Direcci贸n Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuradur铆a. El resultado de este an谩lisis revel贸 inconsistencias significativas que comprometen la confiabilidad de la informaci贸n proporcionada, ya que no se ajustan a las pautas y normativas contables vigentes para el per铆odo analizado.
Datos relevantes a considerar:
- La sanci贸n se ejecuta inmediatamente debido a que Forero Bejarano no se encuentra actualmente en ejercicio de funciones p煤blicas.
- Se resalta una discrepancia entre los valores presentados por el exalcalde para justificar sus ingresos y lo declarado ante la Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La transgresi贸n denotada por la Procuradur铆a va m谩s all谩 del aspecto financiero y toca la fibra 茅tica de la funci贸n administrativa. Se le acusa a Forero Bejarano de violar consciente y voluntariamente el deber de transparencia inherente a su cargo p煤blico, puesto que, seg煤n sostiene la entidad, los ingresos y gastos del exmandatario en el lapso citado no han podido ser explicados ni soportados de manera cre铆ble.
Este pronunciamiento y la sanci贸n correspondiente quedaron ejecutoriados tras la notificaci贸n de la resoluci贸n, estableciendo as铆 un precedente en la lucha contra la corrupci贸n y el manejo inadecuado de los bienes p煤blicos, tal como lo estipula la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional.
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