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¿Sabrá el Procurador lo que pasa en la Provincial de Zipaquirá? (Entrega I)

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¿Radicar quejas para qué? El interrogante lo vienen planteando las veedurías, algunos dirigentes y sectores de la población que no observan resultados sobre las inquietudes presentadas ante esas oficinas provinciales del Ministerio Público. Piden que sea evaluado el trabajo de los funcionarios en esa Procuraduría el cual, con importantes excepciones, ofrece pobre balance dentro de las responsabilidades asignadas.

Informe Especial

Muy buena parte de lo anterior le fue enviado directamente al procurador Fernando Carrillo Flórez en carta radicada el pasado 13 de febrero, solicitando intervención de su despacho a fin de corregir eventuales debilidades que empañan el propósito general del organismo de control, según el remitente.

El documento, suscrito por Jesús David Bello Rueda, apunta directamente hacia la titular de la regional en Zipaquirá, Diana Marcela González Lamprea (Imagen de la ilustración), asunto que podría significar una presunta responsabilidad penal y disciplinaria.

Este es facsimil del documento radicado ante la Procuraduría General en las oficinas centrales de Bogotá (Consulte en este enlace el documento comleto)

“… en últimas no vigila sino QUE COLABORA EN LO QUE LE PIDEN LOS AMIGOS CONCEJALES de cada municipio. DENUNCIE (denuncié) QUE NO SE CONTROLAN los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Cajicá, Zipaquirá, Chía, Cota, Ubaté, Tocancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Sesquilé y Suesca y le taparon todo”, subraya la carta.

Insinúa que todo lo anterior puede obedecer en parte al hecho de que la funcionaria tiene marcado arraigo en el sector político debido a que, antes de ser designada como Procuradora en la Provincial de Zipaquirá, era secretaria del Concejo de Cajicá.

Sustenta lo anterior en el hecho de que ella haya facilitado condecoraciones de sus vigilados incurriendo en posibles faltas, por lo menos, de nivel ético: “..descaradamente recibió una “condecoración honorífica en el Concejo de Cajicá durante el primer semestre del 2017 (abril) FECHA EN LA QUE YA TENÍA EL CARGO de procuradora provincial”.

Precisa además que González Lamprea no cuenta con la experiencia suficiente para asumir un cargo de la responsabilidad que hoy sostiene.

Además existen inquietudes toda vez que un hermano de la funcionaria ha tenido contrataciones con la Alcaldía de Cajicá, asunto que podría significar una falta al régimen de inhabilidades; este y otros tema similares viene siendo investigado por las veedurías y los medios de comunicación.

Más inquietudes sobre lo anterior han sido conocidas desde Cota, también en la Sabana Centro, en donde las veedurías han hecho públicas sus dudas sobre el trabajo de la misma agencia del Ministerio Público en Zipaquirá.

Uno de esos casos tiene que ver con que la Alcaldía de esa población (Cota) no está cumpliendo con lo normado frente a la contratación y la debida difusión a través del SENCOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), particularmente en lo relacionado con un proyecto que compromete vigencias futuras.

La inquietud al respecto fue radicada ante las oficinas centrales de la Procuraduría (Bogotá) en donde le dieron curso a los primeros procedimientos en el 2017; pocos días después fueron citados los implicados pero, posteriormente y por razones no conocidas, el expediente fue remitido a Zipaquirá.

Allí, en noviembre del año pasado fue archivado sin mayores explicaciones; o estas, de momento, no han sido hechas públicas.

La improductividad o falta de resultados de la Regional de la Procuraduría en Zipaquirá se asemeja, en algunos matices, a lo que viene ocurriendo con su similar en Fusagasugá, también Cundinamarca.

Este último fue advertido en diciembre del 2.017 (Ver:  Entre la esposa del César, la Alcaldía de Fusagasugá y la Procuraduría); las posibles consecuencias de lo anterior permitieron nueva publicación en septiembre del año pasado (Ver:  Los intocables )

Sobre el caso que concierne a la procuradora provincial de Zipaquirá, Diana Marcela González Lamprea, se concultó la opinión del jurista Santiago Cañón Beltrán, ex procurador y ex fiscal especializado, quien suministró las siguientes observaciones:

“No sobra recordar a la señora PROCURADORA, el artículo 277 de la COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 277 ARTICULO 277º—El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias”.

Sobre todo lo anterior se quisieron conocer los comentarios de la funcionaria en cuestión, pero hasta el momento no se ha logrado respuesta.

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