En la reciente sesión en la plenaria del Senado, se dio un importante paso al debatir el cuarto, y último, debate de la reforma laboral. Durante la jornada, los congresistas optaron por aprobar la ponencia mayoritaria, lo que implicó el rechazo a la alternativa propuesta por Aída Avella, representante del Pacto Histórico. Este avance se dio en una sesión que concluyó pasadas las ocho de la noche, con la aprobación de 17 artículos, lo que asegura que estos apartados cumplen con las condiciones establecidas: se derivan de un texto previamente avalado por la Cámara de Representantes y no han recibido objeciones formales en forma de reparos o proposiciones. Esta sesión ágil se enmarca en el proceso legislativo en el que se espera alcanzar un consenso que permita avanzar en el debate final de la reforma.
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El proceso legislativo continúa su curso y, a partir de los avances registrados, se observa que el contenido de la ponencia mayoritaria abarca, a la fecha, 17 artículos aprobados y aún quedan por debatir 60 artículos. Sin embargo, el panorama legislativo se ha enriquecido con la presentación de aproximadamente 220 proposiciones que buscan ajustar o complementar el contenido inicial de la ponencia. Estas propuestas son presentadas tanto por congresistas que desean incorporar modificaciones puntuales, como por aquellos que proponen la inclusión de nuevos artículos, con la finalidad de afinar la redacción y el alcance de la reforma. Ante esta diversidad de opiniones, se ha conformado una subcomisión integrada por los ocho ponentes principales, cuyo objetivo es analizar, sintetizar y empaquetar de manera ordenada estas propuestas, lo que deberá presentarse en un reporte para la sesión del día siguiente en dicha plenaria.
Dentro del amplio espectro de artículos discutidos en la propuesta de reforma laboral, se destacan 13 artículos que se han convertido en el centro de mayor controversia y divergencia en la discusión. Entre los temas más divisivos se incluyen aspectos relacionados con horarios de trabajo, condiciones de descanso, remuneraciones adicionales y modalidades de contratación, lo que refleja la complejidad y alcance de la reforma. A modo de resumen, algunos de los artículos que generan mayores debates son:
• Artículo 2: Con ajustes propuestos para el sector público.
• Artículo 11: Con diferencias sobre la hora de inicio de la jornada nocturna.
• Artículo 12: Sobre la implementación de una jornada de cuatro días de trabajo.
• Artículo 15: Relativo a la remuneración en días de descanso.
• Artículo 17: Que trata de una prima adicional en empresas con crecimiento económico.
• Artículo 23: Sobre la naturaleza y beneficios de los contratos de aprendizaje del SENA.
• Artículo 25: Que aborda la remuneración de aprendices en sus fases lectiva y práctica.
• Artículo 37: En relación con el trabajo a tiempo parcial.
• Artículo 38: Referente a la Unidad de Trabajo Especial y aportes al sistema de seguridad social.
• Artículos 74 y 75: Que integran nuevos criterios sobre la formalización de diversos grupos de trabajadores.
• Artículo 76: Previsto para facilitar la formalización de transportadores.
• Artículo 77: Sobre derogatorias y la inclusión de medidas de afiliación al SISBÉN.
El contenido del Artículo 2, por ejemplo, se centra en incorporar un ajuste en lo relacionado con el sector público, una modificación propuesta por el coordinador ponente, el senador Jhon Jairo Roldán, del Partido Liberal. Aunque no se especifica la naturaleza exacta del ajuste, la expectativa es que el texto final contemple una revisión en este apartado, con el objetivo de tratar de manera diferenciada los elementos que afectan a los empleados del sector público. Este tipo de ajustes subraya la voluntad de adaptar la reforma a las particularidades de cada sector, elevando el nivel de detalle en el debate legislativo para lograr una regulación que se ajuste a las necesidades actuales.
El Artículo 11 ha generado un debate relevante en torno al horario de inicio de la jornada nocturna. La propuesta contenida en la ponencia se basa en la decisión tomada por la Cámara de Representantes, argumentando que la jornada nocturna inicie a partir de las siete de la noche y finalice a las seis de la mañana. En contraste, las disposiciones actuales fijan el inicio a las nueve de la noche, mientras que el Gobierno defiende la opción de iniciar a las seis de la tarde. Este conflicto de opiniones refleja la diversidad de intereses y la meticulosa revisión que se está realizando en búsqueda de un equilibrio entre las necesidades de flexibilizar la jornada y preservar los derechos básicos de los trabajadores. Los distintos enfoques sobre este tema representan uno de los puntos clave en la discusión legislativa.
Otro tema de discusión se encuentra en el Artículo 12, el cual plantea la posibilidad de introducir una jornada laboral que se distribuya en cuatro días de trabajo, permitiendo tres días de descanso consecutivos. Los proponentes de esta medida destacan el potencial incremento en la productividad derivado de un mejor equilibrio entre vida personal y laboral, incluyendo la oportunidad de compartir más tiempo en familia. Por otra parte, algunos críticos han manifestado inquietudes respecto a que, para alcanzar las horas laborales necesarias, se pudieran incrementar de manera no remunerada el trabajo, lo que implicaría un efecto indeseado sobre los derechos laborales sin que se reconozcan como horas extra. Este debate resalta la necesidad de analizar detenidamente los beneficios y los retos asociados a la flexibilización del modelo de jornada laboral.
El Artículo 15 aborda la cuestión de la remuneración durante los días de descanso, un aspecto que ha generado un gran número de opiniones encontradas dentro del Senado. La propuesta de la ponencia y del texto de la Cámara de Representantes establece que los domingos y festivos deben pagarse con un recargo del 100 %, lo que implica un importante cambio en comparación con los recargos actuales del 75 %. Detractores de esta medida consideran que un recargo del 100 % podría resultar excesivo, teniendo en cuenta la alta cantidad de festivos en el calendario colombiano, mientras que la propuesta alternativa sugiere mantener el recargo en el 75 %. Esta discusión pone de manifiesto las complejidades inherentes a la reestructuración de la compensación laboral en los días de trabajo no ordinarios.
Dentro de los cambios propuestos, el Artículo 17 presenta una novedad relevante impulsada por el Centro Democrático. Esta propuesta contempla la implementación de una prima adicional que podría ascender hasta el 40 % de un salario mínimo, destinada a empresas que hayan mostrado un crecimiento económico de al menos el 4 % durante el último año. Este mecanismo busca incentivar el crecimiento empresarial y, al mismo tiempo, ofrecer un beneficio adicional para los trabajadores, integrando un elemento que permita reconocer el dinamismo de ciertos sectores económicos y su impacto en la generación de empleo. La propuesta resalta un intento de vincular el desarrollo económico con medidas salariales diferenciadas.
La discusión sobre la formalización de contratos y aprendizajes para los estudiantes del SENA se aborda en el Artículo 23, donde la ponencia propone mantener el carácter de aprendizaje en estos contratos, pero reconociendo la obligación de cotizar en salud, pensión y riesgos laborales. En contraparte, el Gobierno sugiere otorgar a estos contratos un carácter laboral completo que incluya prestaciones sociales como cesantías, vacaciones, primas y caja de compensación. En la misma línea, el Artículo 25 se centra en la monetización de los aprendizajes, estableciendo que en la fase lectiva se deba pagar el 75 % de un salario mínimo y, en la fase práctica, el 100 % del mismo. Estos artículos destacan la apuesta por ajustar las condiciones de contratación de aprendices, generando un debate sobre el equilibrio entre costes para las empresas y los beneficios laborales para los jóvenes trabajadores.
El ámbito del trabajo a tiempo parcial también ha sido objeto de atención en el Artículo 37, el cual se orienta a regular esta modalidad de empleo. La propuesta contempla que este tipo de trabajo permita que aquellos empleados que no alcanzan una jornada completa de 8 horas diarias y 42 semanales, y que perciben menos de un salario mínimo, puedan realizar aportes de manera proporcional en salud, pensión y riesgos laborales. Expertos han señalado que esta medida podría contribuir significativamente a la reducción de la informalidad, facilitando la inclusión de trabajadores en el sistema de seguridad social. Sin embargo, hay voces provenientes de centrales obreras que manifiestan inquietudes sobre la posibilidad de que esta modalidad se traduzca en una precarización de las condiciones laborales, al abrir la puerta a contratos de trabajo por horas.
La discusión legislativa también se extiende hacia la propuesta de la Unidad de Trabajo Especial, contemplada en el Artículo 38, que está orientada a facilitar los aportes al sistema de seguridad social para trabajadores que perciben menos de un salario mínimo. Este mecanismo se proyecta como una alternativa para reforzar la cobertura en pensiones y riesgos de la vejez de aquellos laborales que actualmente se encuentran fuera del sistema formal. Las implicaciones de este mecanismo son similares en espíritu a las del trabajo a tiempo parcial y destacan la intención legislativa de ampliar la protección social a un sector más amplio de la población activa. Otros puntos de debate en la reforma incluyen las modificaciones referentes a la formalización de colectivos como madres comunitarias, manipuladores de alimentos y jardineros, aspectos que se abordan en los Artículos 74 y 75.
Finalmente, en cuanto a la modernización y la inclusión de medidas que impactan directamente en el sector de transporte y la afiliación al sistema de seguridad social, el Artículo 76 propone mecanismos para facilitar la formalización de los transportadores, una medida resultado de las negociaciones mantenidas con gremios durante el paro registrado en septiembre del año pasado. De igual manera, el Artículo 77 incluye estipulaciones relacionadas con derogatorias, en las que se propone añadir artículos para garantizar la estabilidad de la afiliación al SISBÉN, evitando que los trabajadores pierdan dicha afiliación al pasar del estatus de desempleados al empleado, y viceversa. Este conjunto de medidas evidencia el esfuerzo del Senado por estructurar un debate que articule distintos puntos de vista y propuestas sin que se emitan juicios de valor, con la finalidad de presentar una visión completa y contrastada de las modificaciones planteadas en la reforma laboral.
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