La Procuraduría General de la Nación, le amargó la fiesta de fin de año al alcalde de La Palma, John Jairo Pulido Pulgarín, luego de que le formularan cargos, por presunta contratación irregular durante emergencia por Covid-19.
El Ministerio Público cuestionó que el mandatario local hubiera adjudicado un contrato para comprar alimentos e implementos de aseo a una empresa que se dedica a la reparación de vehículos.
Según el ente de control, el contrato de $65.163.372 era para la compra de alimentos, implementos de aseo y desinfección; adicionalmente, pero no se ajustaba a los precios reales del mercado.
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial señaló que, con su actuación, Pulido Pulgarín habría desprotegido los derechos de la entidad territorial.
Para el órgano de control, la celebración del contrato habría comprometido recursos públicos por encima de lo necesitado.
Además sostuvo la Procuraduria que Jairo Pulido Pulgarín, suscribió el negocio jurídico, no obstante que el estudio de mercado era deficiente.
La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de los deberes.
Finalmente la Procuraduría también compulsará copias de la actuación de Edward Andrés Hernández Hernández, secretario de Planeación municipal de La Palma, quien suscribió el documento denominado “análisis del sector”, al tratarse de uno que impactó las condiciones del contrato objeto del reproche.
Comparte nuestras informaciones en Telegram, Instagram, Facebook y Twitter para recibir en directo actualizaciones y recuerda visitar Comercio Al Día
