La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción de carácter disciplinario a una patrullera de la Policía Nacional, situación que ha generado un amplio debate en el contexto del ejercicio de la función pública y el respeto de los límites legales en el uso de la fuerza. La medida, dictada tras la revisión de evidencias y testimonios, constituye un precedente relevante en la vigilancia de las actuaciones policiales en la ciudad.
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El incidente se desarrolló en la zona norte de Bogotá, en las proximidades del humedal Juan Amarillo, ubicado en la localidad de Suba. Durante un operativo relacionado con un presunto herido por arma blanca, la funcionaria involucrada, Erika Judith Pérez Romero, se vio involucrada en un hecho que implicó el uso excesivo de la fuerza contra un ciudadano, identificada como Juan Sebastián Nova. Según las investigaciones, la patrullera intervino en un procedimiento de registro que culminó en una agresión física.
Durante la intervención, el procedimiento de revisión culminó en el uso de una tonfa —instrumento de dotación oficial— contra el ciudadano, causando un impacto en el rostro de Nova. Este episodio fue documentado mediante grabaciones en video, las cuales circularon intensamente en redes sociales, generando una respuesta significativa por parte de la opinión pública. En una de las grabaciones, se puede identificar el momento en que la víctima manifiesta estar sufriendo un fuerte impacto, lo que evidenció la contundencia del golpe.
La revisión de las pruebas permitió al Ministerio Público concluir que la patrullera no actuó dentro de los límites legales establecidos para el ejercicio de su cargo. En este sentido, la conducta fue calificada como una infracción gravísima, al vulnerar los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento determinó que la actuación de Pérez Romero incurrió en dolo y propuso una medida ejemplarizante, buscando subrayar el compromiso institucional con el respeto de los derechos ciudadanos.
En el marco del proceso disciplinario, la funcionaria había mantenido una situación de suspensión provisional desde mayo de 2025. Durante el desarrollo de las investigaciones, Pérez Romero expresó su versión de los hechos, en la que sostuvo haber sido víctima de una extorsión por parte de Nova, alegando que el ciudadano le había exigido el pago de una suma de dinero para evitar la difusión del video. Entre los elementos presentados en su defensa se incluyeron capturas de pantalla de supuestas conversaciones en las que se solicitaban cifras de hasta un millón de pesos.
La sanción impuesta comprende dos medidas principales: la destitución del cargo y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante un período de diez años, extendiendo efectivamente la exclusión hasta el año 2035 si el fallo se confirma en instancias superiores.
Las reacciones ante este caso han sido diversas; por un lado, se ha reiterado la importancia del derecho ciudadano a documentar las actuaciones policiales, mientras que, por otro, se destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y externo dentro de la institución. En este sentido, las autoridades subrayan que el ejercicio de grabar procedimientos no debe ser objeto de represión ni criminalización, enfatizando su relevancia para transparentar y supervisar la actividad policial.
Autoridades locales han manifestado su postura frente a este incidente. En declaraciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que en su administración se mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de abuso policial, llamando a una revisión y reforzamiento en la capacitación en derechos humanos y procedimientos de actuación para los uniformados.
El caso también ha sido remitido a la esfera de la Justicia Penal Militar debido a la consideración del presunto delito de lesiones personales, fundamentado en los reportes médicos que constatan hematomas y otras lesiones en la víctima, lo que ha derivado en incapacidades temporales. Este aspecto legal plantea una ampliación de la investigación, la cual se encuentra en curso y orienta el caso hacia un análisis integral de las responsabilidades administrativas y penales.
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