Cundinamarca impulsa medidas contra el maltrato animal con una intervención que podría marcar un precedente importante para la protección de los derechos de los seres vivos. En Puerto Salgar, zona limítrofe con Boyacá, las autoridades locales capturaron a un hombre en flagrancia mientras agredía brutalmente a un perro en una conocida área denominada “La 20”. La acción, ejecutada durante labores rutinarias de patrullaje, se encuadra en el fortalecimiento de las normativas de protección animal derivadas de la reciente implementación de la Ley Ángel, que endurece las sanciones para quienes cometen actos de maltrato.
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Durante operaciones de vigilancia, los uniformados identificaron una conducta violenta que ponía en riesgo la integridad de un animal. Al momento de descubrir al presunto agresor, las fuerzas policiales procedieron de forma inmediata a detener la agresión, evitando así la continuidad de la conducta violenta. El hombre fue arrestado en el acto y entregado a la Fiscalía General de la Nación, lo que representa el primer registro de una acción similar en el departamento, según declaraciones oficiales. Este evento subraya la importancia de la intervención oportuna de las autoridades para dar respuesta a situaciones de maltrato animal.
Posteriormente, el perro agredido fue trasladado a las instalaciones de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) para recibir una valoración veterinaria. El diagnóstico inicial evidenció lesiones múltiples, entre las cuales destaca la fractura en una de sus extremidades. La rápida respuesta por parte de los encargados de la salud animal permitió determinar las secuelas provocadas por el ataque, remarcando la vulnerabilidad de quienes no pueden resguardarse ante actos de crueldad. Dicho procedimiento médico se convierte en un paso fundamental en la protección y atención integral de las víctimas del maltrato, incrementando el conocimiento sobre las consecuencias físicas de tales agresiones.
El comandante de Policía de Cundinamarca, coronal Andrés Serna, destacó públicamente que la captura es un resultado directo de la implementación de la reciente Ley Ángel. En sus declaraciones, enfatizó que este tipo de intervenciones buscan preservar el bienestar de los animales y fueron posibles gracias a la actualización normativa. Además, las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para que siga siendo un eslabón activo en la detección y denuncia de casos de maltrato, resaltando que la colaboración ciudadana es esencial para fortalecer la labor institucional y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación de violencia contra los animales.
La Ley Ángel, que entró en vigor tras su aprobación unánime el 25 de febrero de 2025, introduce un marco normativo más riguroso en la lucha contra el maltrato animal. Entre los componentes esenciales de esta ley se destacan los siguientes aspectos:
• Aumento de las penas por maltrato animal: lesiones graves pueden conllevar hasta 42 meses de prisión, y causar la muerte al animal conlleva sanciones de hasta 56 meses, aumentando las penas si se detectan agravantes como la sevicia o la comisión en espacios públicos.
• Imposición de multas cuantificables: en casos de lesiones severas se aplicarán multas que oscilan entre 15 y 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y si el caso culmina con el fallecimiento del animal, las sanciones económicas se eleva entre 30 y 60 SMLMV.
• Restricción en la tenencia de animales: los individuos condenados por maltrato estarán inhabilitados para tener animales por un periodo que varía entre cinco a siete años, controlado a través de un registro nacional.
Esta serie de medidas tiene la intención de generar un efecto disuasorio y propiciar un cambio en la conducta hacia el trato ético y responsable de los animales.
El origen de la Ley Ángel se relaciona con un trágico suceso ocurrido en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá, donde un perro, posteriormente nombrado Ángel, sufrió un ataque inhumano hasta perder la vida. Este caso, que conmocionó a diversos sectores de la sociedad, evidenció las deficiencias existentes en el marco legal de protección animal. La experiencia vivida y denunciada por distintos actores llevó a la formulación de esta normativa, orientada a fortalecer tanto la protección judicial como la intervención policial y la labor educativa en temas de bienestar animal en toda la nación.
Ante la urgencia de combatir estas situaciones, las autoridades han hecho un llamado a la participación ciudadana activando canales de comunicación para informar sobre casos sospechosos de maltrato animal. Entre las herramientas disponibles se encuentra una línea telefónica dedicada, el número 123, además de la opción de acudir a la estación de policía o al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano. Esta estrategia tiene como propósito ampliar las vías de denuncia y generar una respuesta más ágil ante actos de violencia contra los animales, incrementando la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas.
El fortalecimiento de la acción policial también incluye un componente pedagógico y de capacitación sistemática para jueces, fiscales e inspectores de policía. Estas medidas están concebidas para que los actores judiciales y de seguridad pública cuenten con los conocimientos actualizados en materia de bienestar animal, asegurando una intervención informada y especializada. Asimismo, se ha establecido la creación de una Ruta de Atención al Maltrato Animal, cuyo desarrollo está previsto en un plazo máximo de seis meses, integrando esfuerzos de diversas áreas gubernamentales y sociales.
La comunidad local y las autoridades han resaltado en reiteradas ocasiones la importancia de mantener una alerta constante y la colaboración mutua en la denuncia de casos de maltrato. En este sentido, se recuerda a la población que cada reporte contribuye a la prevención de acciones violentas y al fortalecimiento de un sistema que busca proteger a los seres indefensos, lo que representa un esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanos comprometidos en la defensa del bienestar animal. La implementación de estas medidas normativas se convierte en un indicador del compromiso gubernamental en el área de protección y salud animal.
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